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Política

La ciberseguridad como reto en México – El Sol de Zacatecas

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Ricardo Monreal Ávila

Ricardo Monreal Ávila

  / jueves 20 de octubre de 2022
El 29 de septiembre pasado, un grupo de hackers autonombrado Guacamaya se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y extrajo seis terabytes de documentos e información internos y confidenciales de los últimos diez años, relativos a actividades operativas y de inteligencia del Ejército mexicano, mensajes contenidos en el correo personal del titular de la dependencia, presuntos vínculos entre integrantes de la milicia y grupos del crimen organizado, conversaciones de mandos militares, mensajes de teléfonos celulares, datos de inteligencia respecto a la persecución de narcotraficantes, y corrupción en las aduanas que facilita el tráfico de drogas, entre otros asuntos.
De acuerdo con la propia organización Guacamaya, su objetivo principal es “destapar” lo ilógico, las hipocresías y las contradicciones de los llamados Estados. En el extranjero, por ejemplo, ese grupo filtró en agosto pasado 5 terabytes de correos electrónicos de la Oficina del Fiscal General de Colombia; igualmente, ingresó al sistema de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, para hacer públicos alrededor de 400 mil correos del organismo.
En este contexto, la ciberseguridad se vuelve un tema de alta trascendencia no sólo para las libertades, las personas y los demás derechos que las acompañan, sino también para los Estados, a fin de proteger su información y que no se vulneren su soberanía, seguridad nacional e infraestructuras críticas, es decir, aquellas que sirven para comunicar, monitorear y administrar las funciones de gobierno más importantes, incluyendo los servicios de electricidad, telecomunicaciones, transporte, defensa, etcétera.
La ciberseguridad busca salvaguardar el uso de las redes sociales, así como los sistemas de información y de comunicaciones, para contar con un ciberespacio libre de amenazas, peligros y daños, es decir, proteger la documentación y la información digitales de individuos, empresas o Estados.
Existen al menos tres tipos de ciberamenazas: el delito cibernético, realizado por individuos o grupos que penetran los sistemas de información para la obtención de beneficios financieros o inducir intermitencias o interrupciones a los mismos; los ciberataques, relacionados con recopilación de documentación o información para fines políticos, y el ciberterrorismo, cuyo objetivo es debilitar los sistemas electrónicos, para generar miedo o pánico.
En América Latina, nuestro país se encuentra entre los primeros sitios de ciberataques, por arriba de Brasil, Perú y Colombia. Los principales daños estriban en fuga de información sensible, hurto de identidad, fraudes y pérdidas financieras.
El ataque al servidor de la SEDENA y la posterior filtración de información y documentación confidenciales, por parte de Guacamaya, así como otros ciberataques al mismo sector público o al privado en nuestro país son hechos que se deben tomar con mucha responsabilidad. Los cibercriminales utilizan las tecnologías más sofisticadas para vulnerar la seguridad de miles de usuarios, además de atacar el ciberespacio, lo cual afecta la información y los datos de las instituciones de gobierno, causando perjuicios a la seguridad pública, e incluso a la seguridad nacional.
En el Senado de la República será revisado todo el tema de ciberseguridad, con el propósito de legislar y contar con normas estrictas en contra de cualquier amenaza. Asimismo, en el Congreso de la Unión trabajaremos para aprobar con urgencia, en este periodo ordinario de sesiones, una ley de ciberseguridad que se estructure de manera paralela a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial, con el objetivo de combatir eficazmente a la ciberdelincuencia.
Sin duda, esa nueva ley deberá atender de manera extraordinaria los marcos y convenios internacionales, para lograr una cooperación efectiva con todos los países.
El 29 de septiembre pasado, un grupo de hackers autonombrado Guacamaya se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y extrajo seis terabytes de documentos e información internos y confidenciales de los últimos diez años, relativos a actividades operativas y de inteligencia del Ejército mexicano, mensajes contenidos en el correo personal del titular de la dependencia, presuntos vínculos entre integrantes de la milicia y grupos del crimen organizado, conversaciones de mandos militares, mensajes de teléfonos celulares, datos de inteligencia respecto a la persecución de narcotraficantes, y corrupción en las aduanas que facilita el tráfico de drogas, entre otros asuntos.
De acuerdo con la propia organización Guacamaya, su objetivo principal es “destapar” lo ilógico, las hipocresías y las contradicciones de los llamados Estados. En el extranjero, por ejemplo, ese grupo filtró en agosto pasado 5 terabytes de correos electrónicos de la Oficina del Fiscal General de Colombia; igualmente, ingresó al sistema de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, para hacer públicos alrededor de 400 mil correos del organismo.
En este contexto, la ciberseguridad se vuelve un tema de alta trascendencia no sólo para las libertades, las personas y los demás derechos que las acompañan, sino también para los Estados, a fin de proteger su información y que no se vulneren su soberanía, seguridad nacional e infraestructuras críticas, es decir, aquellas que sirven para comunicar, monitorear y administrar las funciones de gobierno más importantes, incluyendo los servicios de electricidad, telecomunicaciones, transporte, defensa, etcétera.
La ciberseguridad busca salvaguardar el uso de las redes sociales, así como los sistemas de información y de comunicaciones, para contar con un ciberespacio libre de amenazas, peligros y daños, es decir, proteger la documentación y la información digitales de individuos, empresas o Estados.
Existen al menos tres tipos de ciberamenazas: el delito cibernético, realizado por individuos o grupos que penetran los sistemas de información para la obtención de beneficios financieros o inducir intermitencias o interrupciones a los mismos; los ciberataques, relacionados con recopilación de documentación o información para fines políticos, y el ciberterrorismo, cuyo objetivo es debilitar los sistemas electrónicos, para generar miedo o pánico.
En América Latina, nuestro país se encuentra entre los primeros sitios de ciberataques, por arriba de Brasil, Perú y Colombia. Los principales daños estriban en fuga de información sensible, hurto de identidad, fraudes y pérdidas financieras.
El ataque al servidor de la SEDENA y la posterior filtración de información y documentación confidenciales, por parte de Guacamaya, así como otros ciberataques al mismo sector público o al privado en nuestro país son hechos que se deben tomar con mucha responsabilidad. Los cibercriminales utilizan las tecnologías más sofisticadas para vulnerar la seguridad de miles de usuarios, además de atacar el ciberespacio, lo cual afecta la información y los datos de las instituciones de gobierno, causando perjuicios a la seguridad pública, e incluso a la seguridad nacional.
En el Senado de la República será revisado todo el tema de ciberseguridad, con el propósito de legislar y contar con normas estrictas en contra de cualquier amenaza. Asimismo, en el Congreso de la Unión trabajaremos para aprobar con urgencia, en este periodo ordinario de sesiones, una ley de ciberseguridad que se estructure de manera paralela a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial, con el objetivo de combatir eficazmente a la ciberdelincuencia.
Sin duda, esa nueva ley deberá atender de manera extraordinaria los marcos y convenios internacionales, para lograr una cooperación efectiva con todos los países.
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