IMSS: un asesinato, 3 funcionarios, 3 mil mdp, Isabel Camacho Ruiz sigue inhabilitada

El 6 de diciembre pasado, un vendedor de dulces fue asesinado a balazos en un puesto de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, fue abatida en la calle Durango y a unos pasos de su cadáver se halló un mensaje: una amenaza dirigida a tres altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quienes se les acusa de colusión y se les urgió a presentar su renuncia en menos de 24 horas.

A primera vista el hecho no parecía tener sentido. ¿Por qué asesinar a un vendedor de dulces por unos contratos y una lista de razones sociales? No suele ser la forma de reaccionar de los empresarios que pierden licitaciones: mandar a matar a un tercero involucrado en una presunta red de colusión. Pero en el IMSS el caso ya es un escándalo y hay una hipótesis que está en el escritorio del director general, Zoé Robledo, quien ha evitado hablar del tema y apuesta a que las fiestas decembrinas eclipsen el hecho que entraña uno de los asuntos más graves y peligrosos para todos los contratistas del instituto y para sus funcionarios.

Las investigaciones apuntan a que el vendedor de dulces no era un desconocido en las oficinas del IMSS. Según las pesquisas de las autoridades, el joven tenía contacto con los directores y era una especie de correa de transmisión de datos referentes a los procesos de licitación, todo a través de dispositivos USB cargados con información que se entregaban, presuntamente, a personas interesadas en los contratos.

Los funcionarios denunciados, tanto de manera violenta como de manera oficial ante el Órgano Interno de Control del IMSS, son Daniel Esteban Ramírez Garcen, coordinador técnico de Administración del Gasto de Bienes y Servicios del IMSS; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, titular de la Coordinación Técnica de Planeación de Abasto, y Jesús Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración.

Sobre estos tres funcionarios ya había señalamientos de presunta corrupción por supuestamente extraer miles de millones de pesos a través de compras directas, dirigidas y a sobreprecio en prácticamente todos los estados de la República. El modus operandi se habría facilitado tras la eliminación de las compras consolidadas a nivel nacional para sustituirlas por compras regionales con mayor sencillez para ser manipuladas y entregadas a contratistas con los que se tuviera un acuerdo.

Por ello es importante revisar las empresas enlistadas en la cartulina que apareció en la colonia Roma, porque son razones sociales que efectivamente figuran como proveedores regionales del Seguro Social y que cargan con un historial de contrataciones irregulares que han obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos en total.

Entre esas razones sociales está Grupo Osherx SA de CV y PCB Empresarial Monterrey SA de CV, ambas compañías vinculadas a un exfuncionario de Segalmex que participó con el director de Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, recién detenido por el fraude de los 15 mil millones de pesos. Se trata de Aldo Díaz Pérez, apoderado legal de las empresas mencionadas y quien se desempeñó como subdirector de Venta Comercial en la Oficina Central de Liconsa.

En la lista también aparecen otras empresas que efectivamente tienen contratos, principalmente en las delegaciones del IMSS del norte del país, según las páginas de transparencia. Sea o no real la amenaza que dejaron los asesinos del vendedor de dulces, las autoridades, más allá del OIC del organismo, están obligadas a desentrañar esta asunto que pone al instituto que encabeza Zoé Robledo en uno de los niveles más preocupantes de corrupción, violencia y peligro tanto para funcionarios como empresarios.

EMPRESAS DE ISABEL CAMACHO RUIZ CONTINUAN INHABILITADAS POR EL IMSS

La red de empresas fraudulentas que Isabel Camacho Ruiz creó para estar dentro del negocio de proveedores del IMSS siguen inhabilitadas. Estas empresas incluyen a DACEGA, LIFEE y otras más.  Estas también incluyen a Grupo Arryam, empresa establecida en Toluca, Estado de México.