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Política

De hackers y guacamayas – Periódico Excélsior

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Si no quieres que se sepa no lo digas… ni lo guardes en una computadora; bueno, al menos que esté debidamente protegida. Existe el derecho a la privacidad y por eso nuestros datos personales tienen que ser resguardados. La Constitución establece que toda la información del Estado es pública, pero hay razones, ahí mismo señaladas, que explican cuándo debe ser reservada. Por eso es tan importante la ciberseguridad en la era digital y enciende focos rojos que la Secretaría de la Defensa Nacional haya sido vulnerada. Si ellos fueron hackeados, ¿qué dependencia está a salvo?
Ahora bien, buena parte de la información que empieza a trascender por el ataque cibernético que hizo el grupo internacional de hackers Guacamaya a la Sedena debió ser conocida desde que se generó, pero estaba oculta. Ojalá nos hubiéramos enterado por los canales institucionales o, en su defecto, por el cumplimiento de las resoluciones del Inai. No fue así, lo cual no niega la obviedad de que se sustrajeron ilegalmente; sólo que la relevancia y el interés público de lo conocido hasta ahora es indiscutible y todo indica que lo mejor está por venir.
Procesar más de cuatro millones de correos electrónicos y sus datos adjuntos no será sencillo ni rápido. Distintos medios aceptaron la oferta de acceder a los ingentes archivos que obtuvo Guacamaya, organización que tiene en su haber el hackeo a los ejércitos de Chile, El Salvador, Perú y Colombia. Por lo mismo, las revelaciones serán intermitentes, se darán por diversas vías y durante un lapso amplio de tiempo. Más que el escándalo efímero de una llamarada vistosa, presenciaremos la cocción a fuego lento de verdades incómodas con borbotones de distintas dimensiones y variados ingredientes.
El régimen ha respondido de manera equívoca, algo que se entiende por la encrucijada en la que están. La gobernadora Layda Sansores exhibió un sinfín de grabaciones ilegales del líder de un partido opositor en su programa semanal de televisión; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho abierta apología de Julian Assange; incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le otorgó un reconocimiento al famoso australiano a través de sus familiares por el épico hackeo que lo tiene enfrentando un juicio de extradición en el Reino Unido. Quienes se han servido del espionaje con impunidad, de pronto recibieron una cucharada de su propio chocolate, pero de alcances muy superiores.
El gobierno federal es propenso a la opacidad y ha negado como nunca en este siglo solicitudes de información. Uno de los pretextos más recurridos es argüir riesgos a la “seguridad nacional”, el cual ha servido para ocultar todo lo relacionado con las funciones, tareas y obras encomendadas a las Fuerzas Armadas en la presente administración. Hasta la bitácora del helicóptero militar que llevó a la botarga de Los Olmecas de Tabasco al estadio de beisbol en Villahermosa se reservó por ese motivo. Pero sobra decir que dicho argumento no es a prueba de hackers.
Un gobierno al que no le gusta ser fiscalizado por la sociedad se encuentra de pronto al desnudo por carretadas de información que no puede controlar, siendo presa del discurso y acciones propias que avalan su difusión porque la ilegalidad con la que se consiguió no los ha detenido a ellos. La diferencia es que ahora no los beneficia y la exhibición juega en su contra. Por eso, primero negaron, luego ningunearon y finalmente deslizan las consabidas teorías de la conspiración a las que tanto recurren.
López Obrador ha reiterado que ya no se espía desde los órganos del Estado, pero una de las cosas que han salido a la luz es que el Ejército sí lleva a cabo esa práctica. Es verdad que también lo hacía en gobiernos anteriores, pero con el actual protagonismo y empoderamiento militar se acrecienta el temor de su uso político, no soólo contra la oposición, también contra la sociedad civil.


Veremos qué pasa, pero, por lo pronto, valdría la pena reconocer el valor de la transparencia, revertir el marcado retroceso que se vive en la materia y que el gobierno entienda la importancia de invertir en ciberseguridad, a pesar de la austeridad republicana que considera despilfarro todo lo que no da votos.

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