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Política

Sedena Leaks: Identifican nexos entre expilotos de la Sedena y el narco – Animal Político

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El hackeo de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hecho por el grupo de hacktivistas Guacamaya ha revelado nexos entre expilotos de la Sedena y el narco, que al menos 70 bandas dominan el sur del país y que el gobierno destina 7 veces más soldados a detener migrantes que a combatir huachicol.
El Universal publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó que, al menos nueve pilotos exmilitares tienen posibles vínculos con el crimen organizado, según filtraciones del grupo Guacamaya.
A uno de ellos lo identificaron como parte del Cártel de Sinaloa. En otro texto, la vinculación con el narcotráfico es detallada: “Expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realiza actividades de trasiego de droga vía aérea para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, se lee en un reporte interno de febrero de 2020.
En un reporte titulado Resultados de Inteligencia Aérea, con fecha de septiembre de 2020, la Sedena afirma que “la delincuencia organizada emplea la infraestructura aeroportuaria y el Espacio Aéreo Nacional aprovechando el vacío de autoridad por la carencia de capacidades de algunas dependencias, falta del marco jurídico de otras y procesos administrativos ineficientes”.
#EnPortada Guacamaya Leaks revela nexos entre 9 expilotos de la Sedena y el narco https://t.co/NTR0Sqo8De pic.twitter.com/8FAv9Td4vx
— El Universal (@El_Universal_Mx) October 13, 2022

En tanto, Excélsior reveló que al menos 70 grupos criminales son los responsables de la violencia y los delitos en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Pacífico son las bandas hegemónicas, pero coexisten grupos independientes dedicados al robo de combustible, tráfico de drogas, de migrantes, secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, de ganado y lavado, según los informes de la Sedena obtenidos por Guacamaya.
Guerrero destaca por la disputa entre la Familia Michoacana, Los Tequileros, Guerreros Unidos, CJNG y los Beltrán Leyva por el control del tráfico de enervantes.
🗞️Te compartimos la portada del 13 de octubre en #Excélsior.
– 70 bandas dominan el sur del país.
-Se acelera perdida de biodiversidad.
– Otro revés para Rusia.
👉https://t.co/J58cCFDbvq pic.twitter.com/G9gh9Z4ioV
— Excélsior (@Excelsior) October 13, 2022

 
Lee: Sedena Leaks: desde 2020, análisis advirtieron sobre peligro de colapso en el tramo Cancún-Tulum del Tren Maya
Reforma dio a conocer que la Sedena monitorea el ambiente político en Coahuila, donde habrá elección para gobernador en 2023.
Aunque augura el triunfo de Morena, advierte que el despliegue de fuerzas seguridad ordenado por el gobernador Miguel Riquelme, pudiera beneficiar al PRI.
“No se descarta la posibilidad que por primera vez en el estado de Coahuila gobierne otro partido”, se indica en un correo electrónico enviado el 27 de junio de 2022 por el 14 Regimiento de Caballería Motorizado al Cuartel General de la 47 Zona Militar.
Animal Político publicó que el gobierno de López Obrador destina siete veces más militares a detener migrantes indocumentados en México que a otras labores de seguridad interna, como el combate al huachicol, el reforzamiento de las aduanas, la vigilancia del espacio aéreo, o al tráfico de drogas.
De hecho, el Ejército mexicano emplea casi el mismo número de soldados para tareas de contención migratoria que para las operaciones castrenses contra el crimen organizado; esto, pese a que transitar sin documentos por el país no es un crimen, ni tampoco un delito, sino únicamente una falta administrativa.
Así lo revelan documentos contenidos entre la información de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que fue obtenida y filtrada por el grupo de hacktivistas Guacamaya.
#SedenaLeaks | Hoy publicamos que el @GobiernoMX destina siete veces más soldados a detener migrantes que al combate al robo de combustible, de acuerdo con documentos filtrados por el grupo #Guacamaya. https://t.co/joEkFUpetk
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 13, 2022

 
Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.
En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.
Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.
El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.
Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.
Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.
Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.
Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.
El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.
En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.
En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.
“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.
Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.
“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.
Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.
Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.
“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.
Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.
Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.
Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.
En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.
Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.
El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.
Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.
La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.
El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.
Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.
“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.
Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.
Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.
Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.
Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.
El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.
Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.
Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.
Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.
“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.
Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.
En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.
En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.
Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.
Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.
Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.
Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.
“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.
“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.
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