Desde 2019, el Ejército señaló internamente que necesitaba recursos para reforzar la seguridad de la Novena Zona Militar, luego del operativo fallido contra Ovidio Guzmán. A la fecha, Hacienda no le ha dado los fondos requeridos.
Fuente: ANIMAL POLÍTICO
Tras la primera captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y ante el incremento de agresiones por parte del crimen organizado, el Ejército pidió mejorar la protección de la Novena Zona Militar y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sinaloa, pero el gobierno federal negó los recursos solicitados.
Esta información forma parte de los miles de documentos de la Sedena que en 2022 fueron filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. En documentos, se refiere que, a tan solo semana y media del llamado “jueves negro” del 17 de octubre de 2019, el Ejército planteó por primera vez solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador “reorientar el despliegue operativo de la 9/a. Z.M., con el fin de disponer de mayores efectivos para integrar fuerzas operativas disponibles permanentes”.
Lo anterior debido a que, con motivo de la operación para capturar a Ovidio Guzmán, “se presentaron múltiples agresiones al personal militar que se encontraba desplegado en el estado de Sinaloa (…) por lo que algunos servicios permanentes al no contar con suficientes efectivos para garantizar su seguridad o realizar una maniobra militar fue amenazada de su seguridad”.
Dos años después, en 2021, el Ejército formalizó su petición y solicitó a la Secretaría de Hacienda más de 32 millones de pesos para construir dos bardas perimetrales o, en su defecto, contratar a más personal que “impida o dificulte el acceso a personas ajenas a las instalaciones militares”. Sin embargo, al día de hoy no hay registro de que dichos recursos hayan sido asignados.
Animal Político buscó tanto a la Sedena como a Hacienda para tener un posicionamiento sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.
Militares en descanso y sus familias, víctimas del “jueves negro”
El primer informe enviado por el Ejército desde la “subsección de seguridad pública”, el 29 de octubre de 2019, refiere que durante el primer operativo para detener a Ovidio Guzmán la Sedena contaba con un despliegue de mil 202 elementos en Sinaloa, lo que representaba un 64.27% de la fuerza operativa con que contaba la secretaría.
“Para lo anterior, resulta conveniente reorientar el despliegue, mediante la concentración de fuerzas altamente móviles y con gran capacidad de volumen y potencia de fuego, ubicadas en puntos centrales para acudir con prontitud a cualquier emergencia”, indica.
En el mismo documento la Sedena advierte que integrantes del crimen organizado utilizan en Sinaloa armamento que les garantiza “mayor volumen y potencia de fuego”, equipo para proporcionar protección física, empleo de medios de comunicación y de vehículos que les permiten mejor movilidad.
Un día después, el 30 de octubre de 2019, la Jefatura del Estado Mayor de la Sedena envió una presentación gráfica de la agresión que sufrió la Novena Zona Militar durante los hechos del 17 de octubre, en la que refiere que las acciones violentas de la delincuencia organizada se enfocaron hacia “fuerzas militares que acudían al área del objetivo”.
Sin embargo, también se dirigieron hacia personal militar en servicios aislados y en periodo de descanso, Bases de Operaciones con posibilidad de apoyar a las fuerzas y familias de personal militar, e incluyeron mensajes que amenazaban con agresiones directas a la ciudadanía en Sonora, Chihuahua y Durango.
“La actuación de la delincuencia organizada se caracterizó por: Convocatoria de grupos delincuenciales de estado de Sinaloa (‘Chimales’, ‘Ninis’, ‘Cholos’ y ‘Mayos’), ofreciendo recursos a quien atacara a las fuerzas federales; (así como) empleo de técnicas militares, armamento automático y antiaéreo (AK47, AR15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 mm, ametralladoras y fusiles calibre .50), chalecos y cascos tácticos, así como placas balísticas”, señala.
De acuerdo con el reporte interno, el saldo final del operativo fue un civil, un agente de la Guardia Nacional, dos custodios, un interno y cinco agresores fallecidos, además de un oficial y cinco agentes de la Guardia Nacional heridos junto con siete soldados, un policía estatal y dos policías municipales. También se reportó el secuestro de dos oficiales y nueve elementos de tropa que “fueron liberados en diferentes lugares”.
Sobre las afectaciones a derechohabientes y militares en las Unidades Habitacionales, la Sedena reportó que 20 elementos y derechohabientes fueron afectados “en sus bienes o psicológicamente”, cuatro vehículos particulares fueron afectados por disparos y cuatro domicilios fueron allanados “con lujo de violencia”.
A pesar de ser objeto de diversas emboscadas, la Sedena reportó que personal militar “evitó generar daños colaterales y bajas propias”.
Buscan más seguridad, gobierno niega recursos
A dos años de la primera captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, y luego del análisis de riesgo de la zona, la Sedena propuso a Hacienda un proyecto de inversión por 32 millones 848 mil 031 pesos para incrementar la seguridad del Campo Militar Número 9 y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán.
El proyecto consiste en la construcción de una barda perimetral de 2 mil 174 metros de largo por tres metros de alto, así como de una barda perimetral de mil 209 metros de largo y dos metros de alto con la que se buscaría garantizar la seguridad de los 800 efectivos militares que laboran en el campo y la calidad de vida de las 96 familias de las Unidades Habitacionales.
En el interior del Campo Militar, de acuerdo con el proyecto, se encuentran también tres organismos militares con funciones operativas: Cuartel General de la Novena Zona Militar, la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada y la Tercera Compañía Regional de Mantenimiento Automotriz.
“Es decir, este Campo Militar llega a ser un punto de concentración de tropas, materiales, combustibles y vehículos para el cumplimiento de funciones asignadas por el presidente (…) llegando incluso a alojarse en estas instalaciones autoridades de los tres niveles de gobierno”, indica.
En caso de que este proyecto no se realizara, la Sedena propuso establecer 90 militares más en ambas zonas, que cuentan con solo 60, lo que representaría un costo de 2 mil 158 millones 245 mil pesos a 20 años.
En uno de sus informes internos, la Sedena señala que entre las desventajas del retiro de servicios establecidos como parte del despliegue permanente estaba “dejar áreas que serán ocupadas por los grupos de la delincuencia organizada para tratar de afianzar sus rutas de trasiego de droga”.
Sin embargo, dice que a través de la coordinación “con el escalón superior” y mandos territoriales se evitaría que los grupos delictivos tomen esos espacios. Por ejemplo, menciona que los servicios militares establecidos en presas pueden ser atendidos por los servicios de seguridad de las propias instituciones, como es el caso de la CFE, “que cuenta con cuerpos de seguridad ex profeso para garantizar la seguridad física de las instalaciones”.
También señala que en el caso de las casetas de peaje el personal militar solo actúa con una finalidad “disuasoria”, toda vez que no interviene en bloqueos, por lo que este tipo de tareas podría ser atendido por la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.
“(Pero) la experiencia vivida por el ataque al Cuartel y a las UU. HH. MM. dejó un precedente, no existen las condiciones de respuesta ante una agresión armada de esta naturaleza. En caso de continuar con las actuales condiciones de seguridad, el personal militar y sus familias se verán vulnerables ante una situación de crisis”, concluye la Sedena.
Ahora, después del segundo operativo para recapturar a Ovidio Guzmán, el pasado 5 de enero, el gobierno federal informó que el saldo de esto fue de 29 personas muertas, entre ellas 10 militares, así como de 35 soldados lesionados por arma de fuego. Según las autoridades, no hubo bajas civiles.
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