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Plantean que nuevo Conacyt decida sobre centros de investigación – Animal Político

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La permanencia y continuidad de los 27 centros públicos de investigación del país dependerá de la nueva Junta de Gobierno del Conacyt, que estaría conformada por 15 secretarías de Estado, entre ellas la Sedena, según lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa para expedir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que envió a la Cámara de Diputados.
Actualmente, el funcionamiento del Conacyt se regula a través de su Ley Orgánica, que ya contempla una Junta de Gobierno; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo propone que se sumen ocho dependencias y se elimine como requisito el principio de paridad de género y la participación de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Además, se le confieren nuevas atribuciones, como decidir si el trabajo de los centros de investigación es el adecuado en beneficio del país.
De acuerdo con la propuesta, el Conacyt se transformaría en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y su Junta de Gobierno estaría integrada por las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud. 
Lee: Conacyt busca expulsar al INE como consejero del CIDE; convoca a reunión extraordinaria para modificar estatutos
A las sesiones de la junta se podría invitar con voz y voto a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, además de que se podría invitar, con voz pero sin voto, a servidores públicos, académicos, humanistas, científicos, personas tecnólogas, innovadoras y “en general a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, dice el artículo 64 de la iniciativa.
Según el artículo 79, los centros públicos dejarían de ser considerados como tales cuando la junta así lo determine en los siguientes casos:
La posibilidad de que un centro público deje de serlo no es nueva, pues la Ley de Ciencia y Tecnología vigente ya lo contempla en su artículo 61; sin embargo, uno de los cambios más importantes es que la decisión sería tomada por la Junta de Gobierno, conformada por las 15 secretarías mencionadas.
Los centros públicos de investigación conformarían el Sistema Nacional de Centros Públicos, que se convertiría en una herramienta de articulación de recursos, infraestructuras y redes, para “contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable”, detalla el artículo 71 de la iniciativa.
Para justificar la propuesta enviada a los diputados, el Ejecutivo dice en 32 cuartillas por qué considera necesario hacer los cambios para consolidar que el “nuevo Conacyt” oriente sus esfuerzos a la atención de las necesidades primarias del país, particularmente en materias relacionadas a salud, medio ambiente y energía.
“Se dejó al lado el interés nacional y la consecución del bienestar social para favorecer intereses individuales mediante criterios utilitarios y elitistas que fomentaron la exclusión social y la tentación de una profunda desigualdad (…) que alentó la fuga de cerebros y con ello la pérdida de una parte significativa del patrimonio intelectual del país”, señala la exposición de motivos.
De 2013 a 2018, el gasto en inversión científica y desarrollo experimental (GIDE) disminuyó del 0.43% al 0.31% del PIB. En 2020, apenas alcanzó el 0.49% del PIB, una cantidad por debajo del 1% que contempla la aún vigente Ley de Ciencia y Tecnología.
La principal causa, argumenta el Ejecutivo, ha sido la “vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado; el financiamiento público a través de fideicomisos y las transferencias financieras hacia empresas privadas”, que durante años impulsaron actividades comerciales.
Además, acusa la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como de la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales los avances en la innovación y la ciencia financiadas con recursos públicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante. 
“El cuantioso apoyo público para fomentar el gasto e investigación privada tampoco consolidó la capacidad para abrir nuevos espacios de empleo e investigación para personas con maestría y doctorado en alguna de las ciencias, lo que se comprueba con el dato de que actualmente 400 mil mexicanas y mexicanos de alto nivel de preparación residen en el extranjero”, agrega.
“En general, la desarticulación de los proyectos con las problemáticas nacionales fue evidente. Problemas urgentes para los estados y los sectores, como la desigualdad, la salud, el deterioro ambiental o la corrupción, entre otros, estuvieron prácticamente ausentes de las prioridades de la investigación financiada con el erario de las anteriores administraciones”.
Según argumenta el gobierno, el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, cuyo reconocimiento sirvió como señuelo del mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por inscripción y colegiaturas. 
Agrega también que el otorgamiento de becas de posgrado obedeció a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos y económicos.
Por ello, dice, ahora se busca que los recursos públicos que destine el gobierno se entreguen sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, y se garantice la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritas en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en ciencias y humanidades.
“Esta iniciativa contempla a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación como herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar social, es decir, como instrumentos al servicio de la humanidad, no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral, en la generación y conservación de conocimiento, así como sus aplicaciones prácticas”.
Entre los ejes rectores de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Posgrados, de un Sistema Nacional de Centros Públicos, un Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como un Repositorio y un Sistema Nacional de Información.
Además, detalla la conformación del Consejo Nacional que supliría al Conacyt y algunas directrices sobre la evaluación de los académicos que deseen ingresar o permanecer en el SNI, pues ahora, como parte de su evaluación, se consideraría su “comportamiento ético”.
“El ingreso, la permanencia y la promoción en el sistema nacional de investigadores se realizará mediante procesos de evaluación basados en metodologías que garanticen la solvencia y pluralidad epistemológicas de las personas integrantes, acordes con la naturaleza y características propias de las actividades desarrolladas en las diversas áreas de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación”, detalla la propuesta.
“En los procesos de evaluación se considerará el comportamiento ético de las personas solicitantes y se tomará en cuenta e invariablemente la correspondencia de su contribución con los ejes programáticos y de articulación de la política pública”.
El “nuevo Conacyt” daría apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del SNI, siempre y cuando estén adscritas a universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación públicos.
Además, tendría la tarea de promover que las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado otorguen estímulos económicos similares a sus trabajadores, siempre que tengan reconocimiento del SNI. 
Luego de darse a conocer la iniciativa enviada por el presidente, colectivos de académicos y expertos en temas científicos exigieron un amplio debate con la comunidad para poder opinar sobre la propuesta.
🚨Convocamos a toda la comunidad científica en México a revisar la propuesta de #Ley del Ejecutivo Federal y recordamos que no es la única propuesta que existe. Exigimos un amplio debate entre los integrantes de la comunidad#NoPasaraLeyBuylla https://t.co/E0GYomXWvH
— Red ProcienciaMx Oficial (@RedProcienciaMx) December 15, 2022

Este proyecto tendría que haber sido presentado hace dos años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios de cuando se reformó el artículo 3 de la Constitución y se elevó a rango constitucional el “derecho humano a la ciencia”.
Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia del país.
Este jueves, casi tres meses después, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Aunque sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la votación que la ley ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.
Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, mientras el promedio es 16%.
En campaña, Petro propuso una reforma que recaudara 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto se presentó una que buscaba recoger la mitad, un 1.8% del PIB.
Finalmente se aprobó una reforma que —de 2023 en adelante— dará 20 billones adicionales al Estado (4 mil millones de dólares), un 1.2% del PIB de más que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6%— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.
Los críticos alegan que la reforma frenará el crecimiento económico y el consumo, y afectará a la inversión extranjera. La oposición logró que se retiraran los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas. También consiguió matizar los tributos a los alimentos ultraprocesados.
Ocampo, no obstante, aseguró que esta es la reforma “más liberal de la historia, pero también la más consensuada“.
La próxima semana se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, y que el presidente sancione la ley.
Estos son los tres grandes ejes de la reforma tributaria con la que Petro busca cumplir sus ambiciosas promesas electorales.
Petro tiene como prioridad la protección del medio ambiente y cree que su país debe iniciar el camino hacia la energía renovable.
Por eso la principal fuente de este recaudo adicional vendrá de las empresas que producen petróleo y carbón en Colombia.
Y eso genera un resultado quizá paradójico: el Estado será más dependiente de la explotación de recursos naturales a la vez que se puede desincentivar la inversión y exploración de hidrocarburos.
Las empresas petroleras, en todo caso, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre 35% y 60%, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos ya no serán deducidas de sus impuestos.
En el caso de los productores de carbón ocurre igual, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre 35% y 45%.
Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta.
Además, los impuestos a las empresas financieras, así como los de las hidroeléctricas, aumentarán entre 3% y 5%, con lo que pagarán un total de entre 35% y 40% de su renta.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las razones de la victoria de Petro fue que, como senador y como candidato, se mostró como un defensor de la justicia social. Muchos de sus votantes fueron los habitantes de las regiones más pobres del país.
Por eso, el otro grueso de su reforma tributaria se basa en aumentar los impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan pocos impuestos.
Quienes ganen más de 10 millones de pesos (2 mil dólares) pagarán más.
Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%.
Y quienes tengan patrimonios de más de 2 mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares) pagarán un equivalente de 0.5%; para los que poseen más de 1 millón y 2 millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1% y 1.5%, respectivamente.
El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15% y 20%.
El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales impulsores de la reforma por parte del oficialista Pacto Histórico, declaró que la ley “no alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente“.
Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.
Como en muchas partes del mundo, en Colombia la obesidad y la diabetes son una epidemia. Cifras oficiales dicen que la mitad de la población sufre alguna de estas dos condiciones. Al año mueren cerca de 20 mil colombianos por estas razones.
Durante años, los partidos progresistas habían intentado impulsar leyes que combatieran estas problemáticas, a través de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Pero el poder de las empresas productoras probó ser más grande que en otros países como Chile, donde este tipo de medidas están en vigor desde hace años.
La reforma tributaria de Petro quiso gravar una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos tradicionales en la mesa de los colombianos. Por eso, si bien no son la fuente principal de recaudo, la medida generó una enorme polémica.
Al final, quedaron fuera de la reforma el pan, el bocadillo, la leche, la miel y el salchichón. Y aquellos productos que van para programas asistenciales quedaron exentos.
Sin embargo, aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con gran contiendo de azúcar.
Gracias a una eficiente campaña mediática de la oposición, la medida entrará en vigor a mediados de 2023 y será progresiva, lo que les dará tiempo a las empresas productoras para adaptarse.
Asimismo, como parte de la iniciativa para defender el medio ambiente, la reforma aumenta el impuesto a los productos de plástico de uso único y el impuesto al uso de carbono.
La situación de la economía colombiana es crítica. Una devaluación del 25% del peso este año es reflejo de la gran vulnerabilidad macroeconómica. El Estado, además, tiene enormes compromisos de deuda externa en los próximos años. El recaudo de la reforma tributaria irá, también, a honrar dichos pagos.
Petro debe mantener la estabilidad económica al tiempo que cumple sus ambiciosas promesas sociales. Parecen objetivos contradictorios que, sin embargo, con esta nueva reforma tributaria, parecen más alcanzables.
Lee: Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país
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