Nueva medida contra la inflación pone a México en riesgo sanitario – Animal Político

El gobierno de México anunció que algunas empresas podrán ingresar, producir y distribuir alimentos como huevo, pollo, carne de res y cerdo, pescado y tortilla sin pasar por algún control sanitario. También serán eximidas de pagar el impuesto general de importación por estos productos. 
La medida entra en vigencia una vez que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación y es parte de las acciones gubernamentales contra el aumento inflacionario, según explicó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Con esta y otras medidas, buscan que para febrero de 2023 la canasta básica cueste 90 pesos menos, lo que equivale a un 8% menos de su valor actual. 
Sin embargo, especialistas advierten que al eximir a las empresas de pasar por un control sanitario pueden ingresar y distribuirse alimentos con plagas o presencia de metales pesados, lo que pone en peligro la salud de los consumidores. 
Justificar la eliminación de un control sanitario por economía puede ser perjudicial, pues al enfermarse las personas, el sistema de salud nacional tendría que responder a su atención inmediata. Al final, concluyen las especialistas, la medida puede salir más cara y sin un control sanitario el país retrocede en calidad alimentaria.  
Aunque falta que las autoridades expliquen cómo funcionará esta nueva medida, el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio negó en una entrevista de radio que se trate de una medida que ponga en riesgo la salud y aseguró que “es un paquete enfocado a la simplificación del proceso en términos de manejos de mitigación de riesgos”. 
Agregó que las empresas beneficiadas tienen un historial de cumplimiento y “ahí se puede aplicar una relajación del monitoreo”. Reconoció que reducir el costo de la canasta básica se trata de una “medida dura” y recordó que 25 países redujeron sus costos de la canasta en julio de este año y otros 7 países aplicaron algún tipo de restricción a sus importaciones. 
Al respecto, las expertas señalan que se trata de algo que no se había visto en el país y que va en contra de lo que actualmente otros países realizan, que es redoblar esfuerzos en su control sanitario luego de la pandemia por COVID-19.
También alertan que con buena o mala fe, las empresas no deben autorregularse pues por ello existen controles como el del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargada de la vigilancia epidemiológica y de reducir riesgos de contaminación en los productos alimenticios, y el de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada como lo dice su nombre de prevenir riesgos sanitarios. 
Sin una vigilancia, las empresas pueden caer en una competencia desleal y en colocar productos de mala calidad. 
La nueva medida aplica para las empresas de mayor producción en el país, en cuestión alimentaria las favorecidas son Tuny, Grupo Pinsa-Dolores, Grupo Gruma-Maseca, Minsa, Bachoco, SanJuan, Sukarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, Socorro y Verde Valle; y las empresas distribuidoras beneficiadas son Walmart, Chedraui y Soriana. 
Aunque más empresas podrán integrarse a la lista, siempre y cuando lo soliciten a la autoridad, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
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Los controles de los que estarán eximidos algunas empresas son tres: 
En palabras de la académica Berenice Arias, doctora en microbiología e inocuidad de alimento y académica del ITESO, esto significa que al intentar “ya no se va a revisar la calidad del producto que se está adquiriendo tanto en en cuestiones químicas como microbiológicas. Por ejemplo, un maíz debe de cumplir con ciertas cantidades de micotoxinas, y un animal no debe de tener antibióticos, pero ya no se van a revisar”. 
Con la nueva medida que busca reducir la inflación, las empresas se deberán asegurar que sus mercancías cumplan con las normas sanitarias de calidad establecidas en las NOM de cada alimento para su importación, transformación y distribución. Es decir, se tendrá que confiar en las empresas como muestra de que los alimentos tienen calidad sanitaria. 
Ambas especialistas consultadas refieren que “tener fe o confianza” en una empresa no debe ser el lineamiento de un país para que sus pobladores se alimenten.
“(Esta medida) es algo totalmente subjetivo, o sea, se le confía a las empresas la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplan con la norma sanitarias de calidad, por favor, no se puede ser juez y parte”, menciona Refugio Torres Vitela, doctora en ciencias de la salud y académica de la Universidad de Guadalajara. 
La académica señala que además de ser peligroso para la salud de los consumidores, se trata de una competencia desleal, que puede promover malas prácticas al resto de empresas que no son beneficiadas, y que pueden aprovechar la insuficiencia de recursos de vigilancia sanitaria en el país para colocar alimentos de mala calidad.
La doctora Arias,  académica del ITESO, explica que históricamente se sabe que es necesaria la regulación y control de los alimentos, porque están expuestos a diferentes riesgos por condiciones naturales o de la producción. 
Por ejemplo, los alimentos de mar pueden tener una alta concentración de mercurio por su exposición a los desechos industriales, las aves pueden tener presencia de antibióticos, lo cual es dañino. El ganado puede tener presencia de otros medicamentos y los cereales como el maíz o el frijol pueden estar expuestos a micotoxinas y/o algún plaguicida. 
“Pueden estar presentes (contaminantes) y al no estar haciéndose el monitoreo de estos, pueden acabar en la población y causar distintos problemas de salud… por supuesto que pues todos queremos que bajen los costos, pero no al precio se comprometer la salud de las personas”, enfatiza Arias.  
Por ello, las normas sanitarias son importantes, pues marcan las pautas. “(Las normas) se establecen en función de los peligros que pueden esperarse, o sea los riesgos que se esperan puedan venir en ese alimento ya sea por su propia formación, si es de producto animal, un producto que se cultiva, un producto sintético, dependiendo del proceso o de la forma de obtención son los peligros que pueden ser”, comenta Torres. 
Las normas no están ‘sacadas de la manga’, sino que surgen de los lineamientos internacionales de control de calidad de los productos, que a su vez son elaborados por un seguimiento epidemiológico de distintos países. 
Las académicas recuerdan que con la existencia de normas sanitarias, México se ha visto envuelto en escándalos sobre compra de alimentos que ponen en riesgo la salud de los pobladores. 
Por ejemplo, en 1986 la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conocida como CONASUPO, compró a Irlanda casi 28 toneladas de leche que estuvieron expuestas a la explosión que ocurrió en el reactor de Chernobyl, en la Unión Soviética. La leche fue ofertada a países de África y América del Sur, pero estos la rechazaron, mientras que México hizo la compra. 
“Ahora puedo imaginarme un lote de producción de otro país con una concentración alta de alguna sustancia prohibida y que te la están vendiendo muy barata, nadie lo va a saber, bueno solamente la empresa”, dice Arias. 
“Por eso, es importante las instituciones que se dedican a asegurar lo que la población consume, es verificar que todo lo que se hace para para consumo humano y animal de hecho en algunos casos sea adecuado sí, y que no vaya a causar impactos a la salud de la población”, agrega la académica. 
Contrario a lo que está haciendo México, las especialistas advierten que otros países están apostando por redoblar su control sanitario de alimentos. “En el caso de Estados Unidos se han redoblado esfuerzos en el manejo y manipulación de alimentos tras la pandemia”, recuerda. 
Economistas consultados explican que el Gobierno de México pudo haber realizado otras medidas contra la inflación y que beneficiarian directamente a los consumidores. Incluso advierten que la medida podría no ser efectiva por los riesgos sanitarios que implica eximir de revisión los productos alimentarios. 
Mauricio Ramírez, profesor de economía del Tec de Monterrey, menciona que así como existe un subsidio a energéticos y gasolinas, pudo haber existido uno para alimentos básicos como el huevo, la tortilla y el frijol, por mencionar algunos productos de la canasta básica. 
“Este subsidio que se que hay en gasolinas actualmente eso se pudo haber trasladado alimentos porque pues porque la gasolina que se está subsidiando actualmente, efectivamente está frenando la inflación, pero al costo de las  finanzas públicas y se está subsidiando a personas que tienen automóviles que son los de hogares con mayor ingreso”, comenta Ramírez. 
Por su parte, el economista y experto en energía, Ramsés Pech señala que la atención de esta medida contra la inflación no debió concentrarse en el sector de alimentos, sino en los intermediarios, que transportan y comercializan los alimentos, y los cuales han visto un constante aumento de precios lo cual termina por repercutir en los consumidores. 
Además de eximir a empresas del control sanitario, el Gobierno Federal también anunció la cancelación de la exportación de maíz blanco, de frijol, sardina y aluminio utilizado en envases de alimentos con el mismo propósito de reducir la inflación. 
Ramírez apunta que en realidad no hay importación de maíz blanco, como quiere hacer creer la autoridad, pero en el caso de los demás no debería prohibir su exportación. 
“Si tú prohibes las exportaciones te lo estás, digamos dando un golpe a las digamos a la balanza de pagos, porque estás prohibiendo o tapando entrada de divisas al país y lo que se debe de hacer es tener el comercio abierto porque una medida a favor del comercio internacional que reduce la inflación es pues abrir la importación”, comenta el académico del Tec de Monterrey. 
Por último, Pech concluye que cualquiera de las medidas emitidas no contempla un panorama intencional en el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) están pidiendo que aumente el precio del barril de crudo, por lo que de nada serviría la nueva medida para reducir el precio de la canasta básica. 
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