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Política

La-Lista de revelaciones tras el hackeo de Guacamaya – La-Lista

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La mayor filtración de información que ha tenido el Ejército mexicano exhibe las relaciones del narco con la política y la impunidad al interior de Sedena.
La mayor filtración de información que ha tenido el Ejército mexicano exhibe las relaciones del narco con la política y la impunidad al interior de Sedena.
Hace más de un mes que el Ejército mexicano sufrió la vulneración a su sistema de seguridad digital más grande en su historia de la que se tenga conocimiento en medios, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo general Luis Cresencio Sandoval han minimizado e ignorado ante medios lo que hizo un grupo de hackers autodenominado como Guacamaya.
Entre agosto y septiembre pasado lograron irrumpir en uno de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y descargaron más de 6 terabites de información, volumen equivalente al que ocuparía ver películas y series enteras por cuatro meses con solo ocho horas para dormir, comer e ir al baño.
El 19 de septiembre revelaron esa y más información de fuerzas de seguridad de Colombia, El Salvador, Venezuela y Chile, la cual pusieron a disposición de periodistas de investigación a través de las plataformas de Enlace Hacktivista y DDoSecrets.
Varios medios de comunicación y periodistas de investigación hemos logrado tener acceso a los archivos, las primeras revelaciones tuvieron gran despliegue y seguimiento, pero conforme nos hemos adentrado en los más 4.4 millones de correos electrónicos internos de la Sedena, han surgido más notas en diversos medios que han quedado dispersas.
Por eso decidimos hacer una compilación de algunas de ellas, no solo las que se han publicado en La-Lista, para que la audiencia conozca la seriedad de la vulneración y que quede al descubierto la información que debe ser transparente y que ha ocultado o declarado como inexistente la Sedena. También para dar seguimiento a las acciones de ciberseguridad y espionaje en toda la administración pública exigiendo que no se vulneren los derechos humanos, como el del respeto a la intimidad.
Las primeras revelaciones sobre Guacamaya en México las hizo Latinus, donde se dio a conocer que el presidente fue trasladado de emergencia por una ambulancia aérea en enero de este año desde Palenque, Chiapas, al Hospital Militar en Ciudad de México en donde le fue diagnosticado angina inestable de riesgo alto, una condición cardiaca que puede producir infartos.
El presidente ha tomado terapias especiales en el último año, aunque no se precisan cuáles y se le ha diagnosticado gota, hipotiroidismo, angina y Covid 19 en el último año.
Entre los documentos filtrados se documenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el cese del operativo del 17 de octubre de 2019 para detener a Ovidio Guzmán López, hijo, de Joaquín, “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y sentenciado en Estados Unidos.
El presidente ya había reconocido en sus conferencias matutinas que se decidió detener el operativo para detener al hijo de “El Chapo” Guzmán, con fines de extradición a Estados Unidos, luego de que el 2 de abril de 2018 se liberó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud en ese país.
Sobre el operativo del Ejército que acabó subordinado a las exigencias del grupo criminal, El País encontró documentos de la Fiscalía General de la República, en donde solicitan información de un grupo de militares que participó en el operativo en el que acabó siendo liberado Ovidio Guzmán López para evitar la muerte de civiles.
“‘Para el caso de confirmar la información, mucho le agradeceré que señale el nombre de quién estuvo a cargo de los 38 elementos del GAIN (Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico) quienes ejecutaron el operativo y de los restantes elementos que participaron dando seguridad exterior, o bien, rectifique la información en caso de contar con ella’, señala la carta”, publicó el diario en octubre pasado.
El diario 24 horas encontró informes sobre las labores de investigación sobre el Caso Olmeca, una organización criminal que opera en el estado de Tabasco, de donde es originario AMLO. La organización opera, según los informes, bajo el mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En “una comunicación interceptada por el Ejército el pasado 18 de agosto, da cuenta de una conversación entre Gabriel Eduardo González Gabo, líder de la organización Olmeca, en la que refiere haber tenido una llamada directa con el titular de Segob, Adán Augusto López Hernández -a quien el Ejército identifica con su nombre y la clave de tío-“, señala la publicación del periodista Ángel Cabrera.
“El actual líder del huachicoleo en Tabasco, donde la Sedena señala en el mismo informe que las rutas de tráfico de hidrocarburos están bajo la protección del CJNG, señala que el titular de Gobernación se puso a sus órdenes y le pasó un contacto con la Seido para que fuera su enlace”, señala la nota.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también reveló que en los documentos filtrados sobre labores de inteligencia, se identificó como cómplice de un grupo criminal al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en ese cargo por el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El reporte señala que Bermúdez Requena tendría vínculos con “La Barredora”, una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El cártel de Sinaloa y su interés por producir un fentanilo hecho en México de mejor calidad que el proveniente de China los llevó a buscar a profesores expertos en Química que les ayuden a diseñarlo, dio a conocer 24 horas.
La nota señala que según el informe, “la utilización de académicos ha dado resultados para la organización criminal, la cual ha suministrado pruebas de esa sustancia a ‘Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos, mediante profesionales en el manejo de químicos’”.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas y el papel que tuvo el Ejército fueron uno de los primeros temas en los que los medios nos enfocamos a buscar información.
Un informe dirigido por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional enviado a Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que al menos 30 presidentes municipales del estado de Guerrero, de cuatro diferentes partidos políticos, tenían vínculos con algún grupo dedicado al narcotráfico. El informe dado a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de los archivos filtrados por Guacamaya, fue enviado a un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. El exfuncionario Tomás Zerón hoy se encuentra prófugo y el gobierno mexicano ha solicitado al Estado de Israel que sea extraditado a México.
El medio de investigación también dio a conocer una carta del general Cienfuegos al presidente en donde le da un reporte tras haber visitado al capitán José Martínez Crespo, uno de los mandos del 27 batallón de infantería que recorrió las calles de Iguala y que llegó a la clínica Cristina, donde recibían atención y refugio algunos normalistas y el primer militar encarcelado por los hechos ocurridos en Iguala.  
“El titular de la Sedena dijo a López Obrador que la acusación contra Martínez Crespo sólo está basada en el testimonio de un testigo protegido y una narcomanta, y le compartió la postura del capitán de su inocencia”, señaló MCCI.
Además, el exjefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de división en retiro Humberto A. Guillermo Aguilar, propuso a la Sedena desaparecer las salas de arresto de sus cuarteles del 27 Batallón de Infantería e impedir excavaciones en el terreno.
En La-Lista se dio a conocer que la Sedena ingenió maniobras para tratar de apuntalar la “verdad histórica” que construyó la PGR en torno al caso Ayotzinapa ocurrido en 2014 con ideas como vincular a los normalistas con el crimen organizado, blindar a los integrantes del Batallón 27 de Infantería, en Iguala, Guerrero y ofrecer una pensión vitalicia a las familias de normalistas con el monto equivalente al suelo de un maestro.
Una de las primeras revelaciones de un grupo de medios que trabajó en conjunto tras las filtraciones de Guacamaya documentó que la Sedena ocultó contratos para adquirir el software Pegasus para espiar al menos a tres periodistas y a defensores de derechos humanos en el gobierno de AMLO.
La dependencia pagó al menos 60 millones de pesos en la actual administración, de acuerdo con la revelación de la organización de seguridad digital R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.
Entre los periodistas espiados se encuentran Raymundo Ramos, de Animal Político y el periodista y escritor Ricardo Raphael, según una comprobación del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dieron a conocer los medios.
La-Lista dio a conocer que el ejército oculta otras muertes de sus elementos registradas en operaciones, algunas como consecuencia de disparos de armas, accidentes automovilísticos y aéreos durante sus funciones. Mientras el general Sandoval anunciaba en mayo pasado 33 decesos de militares en el combate al narcotráfico, hasta mayo pasado, para diciembre del año anterior ya habían ocurrido 51 fallecimientos de elementos en operaciones.
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al 28 de agosto de este 2022, la Sedena registró 939 agresiones a personal militar, según los informes de Sedena a los que La-Lista tuvo acceso. Tamaulipas es el campo de batalla para el Ejército, pues es el estado con más agresiones a militares en el gobierno de López Obrador, con un total de 424 sucesos.
En las bitácoras del ejército también se incluyen relaciones de los regalos navideños que ha recibido el general Luis Cresencio Sandoval y que superan los montos establecidos en el acuerdo de austeridad que dio a conocer la Secretaría de la Función Pública.
El general recibió un juego de cubiertos de plata del empresario Carlos Slim Domit, botellas de diversas marcas de tequila y whiskey, lentes y relojes de lujo y hasta una pistola Magnum Research Pillagher SB 101751, de 9 mm.
En los millones de archivos también se encontraron documentos con casos de denuncias de violaciones y casos de abuso sexual registrados desde 2009 en el Ejército, en donde al menos 23 elementos de distintos rangos son señalados. Según la información difundida en El País, cinco fueron sentenciados y 10 estaban en proceso, mientras que al resto de los casos implemente se les archivó.
Entre lo más relevante que ha quedado al descubierto es la relación de grupos del crimen organizado con gobernantes municipales, estatales, funcionarios de dependencias federales, legisladores y hasta jueces y magistrados de distintos niveles. La relación entre narco y política ha quedado en evidencia en las labores de inteligencia militar sin que esto signifique que se ponga un alto, lo que lleva a cuestionar qué efecto tendrá la decisión de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo labores de seguridad en el país.
Además de las investigaciones de funcionarios en el gobierno de Tabasco con Adán Augusto López presuntamente vinculados a una célula del CJNG y los 20 alcaldes vinculados con el narcotráfico en el estado de Guerrero en el año 2014, las áreas de inteligencia de Sedena llevan un seguimiento puntual a varios grupos delictivos. Estos son tan solo algunos casos que han sido documentados.
Guerrero
Uno de los seguimientos puntuales es el de La Familia Michoacana en los estados de Guerrero y de México, donde controlan gran parte de las actividades. Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez y “El Fresa“, respectivamente y quienes son señalados como los presuntos responsables de la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde 20 personas murieron, incluyendo el alcalde y su papá.
Las revelaciones obtenidas en los documentos liberados por Guacamaya indican que el grupo operó en el estado bajo la cercana vigilancia del ejército durante al menos tres años.
Los hermanos Hurtado Olascoaga han sostenido reuniones con presidentes municipales, gobernadores y han huido minutos antes de intentar ser detenidos por elementos del Ejército y la Marina en los últimos años.
Se reveló también que un proveedor de armas del Ejército vendía miles de granadas a grupos criminales. Se trataba de un militar que ofrecía equipo táctico, armas y granadas y ofrecía información de “operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México”, informó MCCI.
MCCI también encontró informes donde se señala que funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos tienen vínculos con los cárteles de Los Rojos, también llamados Gente Nueva.
Se trata de Samuel Sotelo Salgado, actual Secretario de Gobierno y exconsejero jurídico; José Manuel Sanz Rivera, exjefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo de este año; José de Jesús Guízar Nájera, subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019; a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual secretario de Desarrollo Social y expresidente del Congreso del estado, así como al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien fue nombrado por el Congreso en la administración anterior. Los reportes hallados también señalan a integrantes del Congreso, de la bancada del PRI, así como a jueces y magistrados del Poder Judicial.
Iván Ernesto Báez Martínez, exalcalde de San Ignacio, en el estado de Sinaloa es uno de los presuntos líderes criminales del Cártel de Sinaloa, según establecen documentos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, que dieron a conocer la Revista Espejo y el diario Noroeste.
“El 1 de noviembre de 2018 llegó a la alcaldía de ese municipio sinaloense por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando ya era un presunto “cabecilla” de la organización, se señala en archivos” de la filtración de Guacamaya, dice la publicación.
San Luis Potosí
El Sol de México dio a conocer que Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Ríoverde, San Luis Potosí, habría pedido “licencia” al grupo criminal Los Talibanes, al cual presuntamente pertenece para poder postularse como alcalde en 2021, cuando ganó la elección.
Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz
El tipo de documentos y análisis del ejército ha sido de diversos tipos, desde radiografías mostradas en archivos tipo Power Point hasta informes detallados, análisis o series de informes periódico sobre un grupo delictivo en específico.
Proceso dio a conocer datos de un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise), en donde ve nexos del narco con gobiernos del partido del presidente, Morena, en los estados Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz.
“Después de detallar los problemas de violencia en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, la conclusión del Cerfise es que ‘sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas’”, informó el semanario.
Las filtraciones de Guacamaya incluyen muchos más detalles sobre contrataciones, información de los proyectos del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la administración de las aduanas, así como datos de seguridad nacional, rutas de tráfico de armas, de migrantes, despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas y otros datos.
El presidente López Obrador se ha referido al grupo de hackers como “zopilote”, en vez de Guacamaya y en más de una ocasión ha evitado responder a cuestionamientos en sus conferencias matutinas porque dice que no las quiere manchara con ese tema.
Sin embargo, la información que continua disponible tiene aún muchos registros que requieren de horas de minería y organización.
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