La-Lista de las tragedias ocurridas en México durante 2022 – La-Lista

Te presentamos La-Lista de tragedias ocurridas en México durante el 2022, desde personas desaparecidas hasta hackeos contra el gobierno
Te presentamos La-Lista de tragedias ocurridas en México durante el 2022, desde personas desaparecidas hasta hackeos contra el gobierno
Se terminó el 2022, un año en el que se registraron muchas tragedias en México. Desde casos de personas desaparecidas hasta una riña en un estadio de futbol y ataques cibernéticos que expusieron información sensible de dependencias gubernamentales.
En La-Lista te presentamos los sucesos de violencia e inseguridad que marcaron el 2022.
El futbol mexicano se volvió a teñir de sangre el 5 de marzo del 2022. Aficionados del club Querétaro y del Atlas de Guadalajara protagonizaron en una riña en la que decenas de personas quedaron lesionadas. Pese a la crudeza de las imágenes, en las que se veía a personas inconscientes, el gobierno de Querétaro informó que no hubo ningún fallecimiento.
Estos hechos ocurrieron en el Estadio Corregidora, donde el club Querétaro juega como local. El partido lo ganaba el Atlas por un gol cuando al minuto 62 se suspendieron las actividades porque los aficionados de ambos equipos comenzaron a pelearse en las tribunas. Minutos después el conflicto se extendió a la cancha e incluso hubo asistentes que se tuvieron que resguardar en los vestuarios de los jugadores.
En imágenes difundidas en redes sociales se pudo observar la brutalidad con la que golpeaban grupos de jóvenes a aficionados del bando contrario ante la inacción por parte del personal de seguridad en el estadio.
Una de las líneas de investigación que abrió la Fiscalía de Querétaro fue la posible infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación a La Barra 51, el grupo de animación de Atlas, y la infiltración del Cártel Santa Rosa de Lima a La Resistencia, la agrupación que anima al Querétaro.
Sin embargo, poco se ha sabido después de que la Fiscalía de Querétaro anunció varias detenciones por los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora. Un mes después de los hechos las autoridades reportaron la detención de 31 personas.
El 16 de mayo de este año nuestro país superó la cifra de 100 mil personas desaparecidas. La cantidad de víctimas ha aumentado constantemente desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos del narcotráfico.
Esta política de seguridad sigue vigente con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los resultados siguen siendo los mismos: la violencia no disminuye y los casos de desaparición de personas continúan. Solo entre el 2018 y el 2022 se han reportado otras 38 mil 899 víctimas, según datos del mismo gobierno federal.
La situación es tan grave que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas señaló en un informe de este año que el delito de desaparición es el “crimen perfecto”, debido a la impunidad que prevalece. Hasta abril de este año solo se habían emitido 36 sentencias condenatorias por las más de 100 mil víctimas que hay en el país, según el organismo internacional.
Para atender este fenómeno el gobierno de López Obrador ha impulsado el fortalecimiento de las 32 comisiones locales de búsqueda que hay en los estados y la Comisión Nacional de Búsqueda. También se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para tratar de descifrar la identidad de los 52 mil cadáveres que están en calidad de desconocidos en los servicios médicos forenses del país. Y recientemente se fundó el Centro Nacional de Identificación Humana que, de igual forma, ayudará a resolver la crisis forense.
El 27 de junio de este 2022 las autoridades estadounidenses encontraron un camión abandonado en una carretera en San Antonio, Texas, con decenas de migrantes hacinados. Dentro del vehículo fallecieron 53 personas, incluyendo 26 mexicanos.
La tragedia del tráiler de San Antonio fue un reflejo de la inseguridad y los riesgos a los que se exponen los migrantes cuando tratan de llegar a los Estados Unidos. Robos, secuestros, violaciones y hasta homicidios sufren las personas que cruzan México para llegar al país vecino en busca de una mejor vida.
La presencia de víctimas mexicanas obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a colaborar en las indagatorias. El 29 de junio, dos días después de los hechos, el gobierno estadounidense reportó la detención de cuatro personas involucradas.
El último reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enviado al Senado, con fecha del 26 de agosto, expone que mexicanos sobrevivientes del tráiler de San Antonio mantienen una lucha legal para no ser deportados desde los Estados Unidos.

El 22 de junio del 2022 organizaciones jesuitas reportaron el asesinato de Javier Campos y Joaquín Mora, dos sacerdotes que residían en en el pueblo de Cerocahui, en Chihuhaua. Junto con ellos también murió Pedro Palma, un reconocido guía de turistas que trabajaba en esa zona de la Sierra Tarahumara.
La Fiscalía General de Chihuahua informó que el asesinato de las tres personas habría sido cometido por José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco“, un integrante del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la versión oficial, el criminal estaba amenazando al guía Pedro Palma con un arma de fuego, por lo que los dos sacerdotes jesuitas intervinieron para tratar de resolver el conflicto y al final todos fueron asesinados.
Seis meses después de estos hechos la orden Jesuita de México emitió un comunicado de prensa en el que señaló que la impunidad prevalece. “A la fecha no hemos encontrado la prometida ‘justicia pronta’”, dijo la organización que también pidió revisar la estrategia de seguridad para evitar que siga habiendo asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y tala clandestina en Cerocahui.
“Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios”, lamentó la orden Jesuita.
Un grupo de hackers conocido como Guacamaya vulneró la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y filtró a medios de comunicación millones de correos electrónicos con información sensible de la dependencia.
La primera publicación periodísticas, derivada de la filtración de documentos, fue del 29 de septiembre. Esa fecha el portal Latinus dio a conocer algunas enfermedades que padece el presidente López Obrador, quien confirmó su estado de salud y de paso también aceptó que Guacamaya extrajo información de las computadoras del Ejército.
Por la filtración se conoció, por ejemplo, una estrategia que un general propuso para frenar las investigaciones de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; criminales que el Ejército tiene en la mira desde hace tiempo y no los ha detenido; vínculos de funcionarios públicos con la delincuencia organizada; contratos y convenios con los que la Sedena recibe miles de millones de pesos para hacer actividades que el presidente López Obrador le ha encomendado; y el plan de esta institución militar de crear su propia línea comercial de vuelos.
Pero no solo quedaron expuestos abusos cometidos por el Ejército y otros funcionarios públicos. Guacamaya también filtró información sensible del personal militar que está desplegado en el país en el combate al crimen organizado. De algunos elementos del Ejército se supo su nombre, el lugar donde se encuentran, el dinero que ganan y cómo llevan a cabo sus operativos.
El 5 de octubre de este año se registró la matanza de 20 personas en San Miguel Totolapan, municipio del estado de Guerrero. Entre las víctimas estuvo Conrado Mendoza, alcalde de la localidad, y su padre, Juan Mendoza Acosta, quien también había ocupado ese puesto.
Una de las líneas de investigación de las autoridades está relacionada con la presunta responsabilidad en este crimen de líderes del grupo La Familia Michoacana. En concreto las personas a quienes el gobierno federal acusa son José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como “El Fresa”, y su hermano Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”.
A los hermanos Hurtado Olascoaga se les acusa de generar violencia en algunos municipios de Guerrero y del Estado de México. Derivado de la masacre en San Miguel Totolapan el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron cateos en distintas propiedades de El Fresa, en las que había hasta animales exóticos como antílopes, cebras, aves de diferentes especies y un tigre de bengala.
El ejército ha dado seguimiento de cerca a las actividades de los hermanos Hurtado Olascoaga desde hace al menos seis años sin que se logre su detención.
Este año México registró una nueva tragedia relacionada con la actividad minera. El 3 de agosto ocurrió el desplome de la mina El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila. Bajo los escombros quedaron atrapados diez trabajadores, quienes no pudieron ser rescatados por las autoridades.
Las Fuerzas Armadas encabezaron la estrategia de rescate que, en un principio parecía que iba a dar resultados, pero en los días posteriores al accidente El Pinabete se comenzó a inundar porque estaba cerca de un río. El 25 de agosto el gobierno federal anunció que el rescate de los cuerpos de los mineros tardaría entre seis y 11 meses.
La tragedia de El Pinabete hizo recordar otra que ocurrió en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 en el mismo estado de Coahuila. En esa ocasión quedaron atrapados 65 de los 73 obreros que laboraban en el lugar y hasta ahora sus cuerpos no han sido recuperados por las autoridades.
El 25 de septiembre, un mes después de lo ocurrido en El Pinabete, la FGR logró la detención de Cristian Eloir Solís Arriaga, dueño de esta mina en el papel, a quien se le acusó de explotarla de manera ilegal y sin las medidas de protección para cuidar a los trabajadores.
El 2022 cerró con una gran desilusión para los seguidores de Bad Bunny, cantante puertorriqueño de música urbana. El pasado viernes 9 y sábado 10 de diciembre 2 mil personas personas no pudieron escuchar su concierto en el Estadio Azteca porque fallaron los aparatos que dan lectura a los boletos.
En un inicio Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que la empresa Ticketmaster había vendido boletos duplicados y por eso cientos de personas no lograron entrar al concierto. Pero este lunes 19 de diciembre el funcionario rectificó y señaló que, luego de reunirse con integrantes de esa compañía de entretenimiento, se concluyó que en realidad el fallo estuvo en las máquinas que se utilizan para leer el código de los boletos.
“Estos dos mil afectados ya empezaron a recibir el 100% de reembolso de parte de Ticketmaster, más 20% de indemnización, eso es lo que marca la ley, 20 de indemnización y la devolución total tanto del pago del concierto como el pago de servicio que le hicieron a Ticketmaster”, señaló el titular de la Profeco en la conferencia matutina del presidente López Obrador.
La Profeco aún tiene a disposición de los usuarios un número telefónico para que reporten si no pudieron ingresar al concierto de Bad Bunny y recuperar el 100% de su dinero. El contacto de la procuraduría es el siguiente: 55 55 68 87 22.
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