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Insisten policías jaliscienses: mandos locales están aliados con el narco – Proceso

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Policías de Jalisco y especialistas en temas de seguridad coinciden en que la impunidad que goza el crimen organizado es producto de acuerdos o de una alianza entre distintas autoridades estatales y los grupos delictivos, especialmente el CJNG. Además de detallar algunas colusiones de funcionarios para proteger al cártel, los entrevistados señalan que para mantener esta situación es clave que el gobernador Enrique Alfaro no haya cumplido su compromiso de limpiar la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía locales.
GUADALAJARA, Jal. (Proceso).— A pesar de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció a mediados de junio de 2020 que la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba infiltrada por la delincuencia organizada, no hubo ninguna limpia: la alianza entre la autoridad y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) persiste, tal como revelan los documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Francisco Jiménez Reynoso y Anuar García, integrantes del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y de la organización SOS Capítulo Jalisco, respectivamente, reprochan la falta de investigación y depuración que debió realizar Alfaro.
En tanto, la información difundida por Guacamaya Leaks apunta a que, desde los primeros días del gobierno de Alfaro, líderes del CJNG, como Armando Gómez Núñez, se reunieron con funcionarios de su gobierno, entre ellos el jefe de gabinete Hugo Luna Vásquez, supuesto “enlace” para favorecer a dicho grupo delincuencial, según informes del Centro Nacional de Inteligencia.
En testimonios ofrecidos a Proceso desde el anonimato por razones de seguridad, policías estatales y de la FGE recuerdan que con la llegada de Macedonio Tamez Guajardo como encargado de la coordinación general Estratégica de Seguridad de Jalisco (ocupó el puesto del 6 de diciembre de 2018 al 7 de julio de 2020), se colocó a Pablo César Muñoz Cruz, exescolta del gobernador Alfaro, en la Comisaría Preventiva y Regional.
De acuerdo con los denunciantes, Muñoz Cruz acordó con Benito Santos Romay –quien desempeñó varios cargos como mando de la FGE en el periodo de Luis Carlos Nájera, entre marzo de 2013 y julio de 2015– dejar operar al CJNG.
Según esta versión, Santos Romay pidió a Muñoz Cruz nombrar a Efraín Domínguez Martínez, El Asquil, como supervisor 04 en la Comisaría Estatal, aseveran los elementos. El Asquil es señalado por los inconformes de ser presunto jefe de sicarios del CJNG.
Santos Romay fue detenido el 29 de agosto de 2019 en Aguascalientes junto con cinco personas identificadas en el sistema Plataforma México como integrantes del CJNG. Los agentes consultados sostienen que varios policías colaboran con Efraín Domínguez para dar protección al CJNG en el interior del estado.
A decir de los entrevistados, Domínguez Martínez también transmitió a través de Muñoz Cruz una petición al excomisario general de Seguridad y actual titular de la Secretaría de Seguridad Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, para que integrara en esa dependencia a Roberto Ismael Carrillo González, excomisario de Seguridad Pública de Zapopan y comisario preventivo de la FGE en la pasada administración.
Carrillo González se integró al área de Inspección General de la Policía de Proximidad y Complementarias. Este semanario tuvo acceso a un oficio que Muñoz Cruz envió a Bosco Pacheco el 23 de mayo de 2019, en el cual pide comisionar a Carrillo González en la Comisaría de la Fuerza Policial Regional por “las necesidades del servicio”.
De acuerdo con los señalamientos de las fuentes de las corporaciones, Carrillo González fue enlace entre el excomisionado general de Seguridad Pública de la FGE, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, y el CJNG durante la administración del priista Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.
En diciembre de 2016 fue colocada en el Periférico Norte y la avenida Valdepeñas una manta atribuida al CJNG, en la cual se señalaba a Velázquez Ruiz de incumplirle al grupo delincuencial y de “agarrar feria a los de Sinaloa”. Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco (SSJ), Carrillo González fue dado de baja el 1 de febrero de 2020.
De acuerdo con los denunciantes, Carrillo González designaba a los comandantes de los convoyes y les exigía “no interferir con las actividades del CJNG, así como efectuar levantones”.
Por medio del área de Comunicación Social de la SSJ se solicitó una entrevista con Bosco Pacheco. La dependencia se concretó a pedir las preguntas que se le harían al titular y entregó respuestas de algunas relativas a si todavía estaban o no en funciones los funcionarios señalados.
Al llegar Macedonio Tamez a la Coordinación Estratégica de Seguridad, colocó como coordinador administrativo a Pablo Fabián Ibarra Pérez, quien fue su secretario particular cuando era director de la policía de Guadalajara.
Ibarra Pérez también se desempeñó como comisario de la policía de Tepatitlán, pero según la SSJ renunció como coordinador cuando lo llamó Macedonio Tamez.

Si bien es cierto que no se le conoce algún dato que relacione directamente a Macedonio Tamez con el crimen organizado, se conoció que su operador político era Pablo Fabián Ibarra Pérez y que operaron en la secretaría en varios rubros”, dijeron los policías.

Si bien es cierto que no se le conoce algún dato que relacione directamente a Macedonio Tamez con el crimen organizado, se conoció que su operador político era Pablo Fabián Ibarra Pérez y que operaron en la secretaría en varios rubros”, dijeron los policías.
Agregaron que Ibarra Pérez controló a la comisaría de la Fuerza Regional por medio de su titular Cristino Flores Ramírez, también señalado por los elementos de estar coludido en el huachicoleo en la zona de Tototlán. Cristino Flores formó parte de la policía de Tototlán.
Otro funcionario relacionado con Macedonio Tamez es Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, director de Inteligencia Política Criminal y Prevención del Delito en la FGE, quien fue amenazado en mensajes exhibidos en una manta el 9 de noviembre de 2021.
Cárdenas Rubio es señalado por los denunciantes de haber tenido una relación cercana con el jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana, el expolicía judicial Gregorio Pelayo Chávez, El Camarón, detenido en septiembre de 2018.
Conforme a los testimonios expuestos a Proceso, Cárdenas Rubio recibió órdenes de ejecutar un plan para destituir al entonces titular de la SSJ, el general Daniel Velasco Ramírez.
Éste renunció el 4 de octubre de 2019. Una semana antes fue colocada encima de tres cuerpos una cartulina con un mensaje amenazante en su contra firmada por Grupo Nuevo Jalisco, en el que se menciona a Jambo, Antonio Guerrero y Balcorta.
Antonio Guerrero fue comisario de Supervisión General y José Manuel Balcorta Martínez encargado de despacho de la SSJ; ambos fueron destituidos en la misma fecha que el general Velasco.
Según los policías, Jambo, el tercer señalado en aquella manta, se llama Amel Núñez Corona y tiene una empresa de seguridad privada, a la que invitó como socio al general Velasco.

Infestados
El 6 de junio de 2020, luego de que agentes de la FGE detuvieron de manera ilegal a jóvenes que se manifestaron en las inmediaciones de la dependencia por el caso de Giovanni López, Enrique Alfaro afirmó que la actuación de los elementos obedeció a una infiltración de la delincuencia y anunció que se haría una investigación.
A dos años cinco meses de ese compromiso, no se conoce que se hayan fincado responsabilidades o resultados. Este medio solicitó una entrevista con el fiscal general Luis Joaquín Méndez a través del área de Comunicación Social, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
En tanto, personal de la Fiscalía que concedió la entrevista con su identidad bajo reserva aseveró que no existe “procuración de justicia, pues las plazas son vendidas y la mayoría de los funcionarios se dedican a enriquecerse y a encubrir las operaciones del CJNG por un supuesto miedo a represalias de ese cártel”.
Y añaden:

El CJNG se extendió a otros estados del país porque tiene la protección en el estado donde está la matriz. En los tiempos de Emilio González (exgobernador del PAN) inició su poderío y protección por parte de las dependencias del estado y municipios”.

El CJNG se extendió a otros estados del país porque tiene la protección en el estado donde está la matriz. En los tiempos de Emilio González (exgobernador del PAN) inició su poderío y protección por parte de las dependencias del estado y municipios”.
Consultados al respecto, Francisco Jiménez y Anuar García mencionan que hasta el momento no existe una depuración en la FGE.
Abunda García: “Es de las cosas que más le urge hacer al gobierno del estado (…) porque estamos seguros de que sí hay pitazos y sí está infiltrada; incluso antes de la presente administración hubo rumores de que se llegaron a vender las plazas para que grupos del crimen organizado pusieran a sus elementos y se estuvieran cubriendo entre ellos. Sin embargo, no se depuró, no se ha hecho y no se ve que lo vayan a hacer”, lamenta García.
El integrante de SOS Capítulo Jalisco, quien por su actividad hace tres meses sufrió un atentado, señala que si se consigue la depuración será necesario profesionalizar al personal, contratar nuevos elementos y dar mayor presupuesto al rubro de seguridad.
Agrega que le consta que las policías de los municipios externos a la Zona Metropolitana de Guadalajara “están infestadas del crimen organizado, que es el que pone y quita elementos y comisarios, y no se ha hecho nada para detener esa situación. Si la Guardia Nacional sirviera, estaríamos mucho mejor; el problema es que no sirve, no traen un aparato de inteligencia, solamente son reactivos”.
Por ese motivo, García propone que la depuración de las policías municipales sea por medio de una contraloría interna, para ver si los elementos viven de acuerdo con sus percepciones mensuales y que se les entregue un salario digno, así como prestaciones de ley.
Además, considera sospechoso que al producirse los enfrentamientos en Zapopan no exista vigilancia, en especial en Andares, zona que cuenta con patrullaje constante por ser de alta plusvalía.
En relación con los documentos hackea-dos a la Sedena, el activista propone que si la federación tiene pruebas contra cualquier elemento implicado, presente una denuncia que derive en una investigación.
Por su parte, Francisco Jiménez estima que en Jalisco existe una narcodemocracia, cuyo origen se remonta al robo de combustible en Tlajomulco cuando Enrique Alfaro gobernó ese municipio (2010-2011). En su análisis, el CJNG comenzó a obtener recursos a partir del huachicol y se convirtió en uno de los más poderosos de México, con diversas actividades lícitas e ilícitas, como la trata de personas.
También refirió que está evidenciado por medios de comunicación y en redes sociales que comisarios municipales reciben órdenes de la delincuencia organizada, no sólo en Jalisco, sino en todo el país, para que no manden vigilancia a ciertas zonas y en determinados horarios porque “ya agarraron la lana”. Ejemplo de ello es la grabación que dio a conocer Proceso en septiembre de 2016, en la cual el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho, exige a un mando policial de comisaría de Chapala “relajar” a sus uniformados.
Respecto al hackeo de los documentos de la Sedena, contactos militares le revelaron al activista del Observatorio sobre Seguridad que la filtración provendría de un grupo interno de las Fuerzas Armadas que está en contra de la impunidad.
Por otro lado, policías de Guadalajara y Zapopan refieren tener órdenes de sus superiores para proteger al CJNG.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2403 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

Coautor de la iniciativa, Pablo Gómez –titular de la Unidad de Inteligencia Financiera– explica los alcances de la propuesta de reforma al INE y al tribunal y sentencia: es el momento de cambiar el sistema electoral.
Desde 2016, cuando se decretó la alerta por violencia feminicida, más de 550 mujeres han sido asesinadas en ese estado. Y aunque las autoridades sostienen que por cada caso denunciado se activa el Protocolo Alba para darle seguimiento, lo cierto es que éstos se empantanan en una maraña burocrática.
Faltan seis semanas para que el ministro Arturo Zaldívar concluya su gestión como titular del Poder Judicial de la Federación y siete de sus colegas ya se apuntaron para sucederlo. Proceso presenta sus perfiles.
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