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Laura Galaup
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Tras el impacto que tuvo en estos recursos asistenciales la emergencia sanitaria de la COVID-19, que se saldó con la muerte de 25.900 residentes en 2020, y ante un modelo residencial muy cuestionado por trabajadores, residentes y familiares de usuarios, los centros de mayores se disponen a afrontar el invierno con la incertidumbre del impacto que tendrá a largo plazo la subida de los precios de la energía en la calidad asistencial.
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Las empresas que gestionan residencias de ancianos se quejan del encarecimiento del precio de los alimentos y de la energía. “Es una situación bastante dramática”, apunta Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares, que agrupa a centros de mayores sin ánimo de lucro. Este gestor es el que se muestra más tajante ante el aumento de la inflación. “Es muy complicado poder llegar a final de mes. Esto es una auténtica pandemia económica, otro lastre para las residencias”, comenta.
“No estamos dispuestos a reducir todo lo que vaya relacionado con la calidad porque la población no puede verse afectada. Intentamos negociar con nuestros proveedores”, indica Vela. En la misma línea se manifiesta el secretario general de la patronal de las residencias. “Mantenemos el mismo nivel a pesar del incremento de costes de las materias primas, pero consideramos que la nutrición de las personas mayores es de vital importancia”, apunta Jesús Cubero, que está al frente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).
Cubero asevera que las grandes empresas que gestionan centros de mayores mantienen “el nivel de calidad de los menús”, aunque esa actuación conlleve que sean las propias compañías las que asuman el “incremento de costes”. Las declaraciones de la patronal chocan con las de las asociaciones de residentes y de familiares de usuarios, que temen que las empresas que gestionan plazas repercutan el aumento de precios en la atención prestada.
Ante la escalada de la inflación, Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), teme cuál podría ser el resultado en caso de que las empresas que gestionan residencias tengan que poner en una balanza la asistencia social a los usuarios y “el beneficio de la empresa”. “La parte más débil son los cuidados de las personas mayores”, apunta Vázquez.
“Tenemos noticias de residencias de gestión pública-privada en la Comunidad de Madrid donde la comida escasea y se quedan sin segundo plato”, reseña el presidente de Pladigmare. También se queja de la alimentación en un centro de mayores de un gran grupo Mercedes, miembro de la Marea de Residencias en la región madrileña. “Mi madre y muchos de sus compañeros comen pan con aceite algunos días porque a veces los platos llegan en condiciones que nadie quiere”, indica esta mujer.
En esta comunidad, la Consejería de Política Social cambió hace unos meses el sistema para la compra de alimentos en las residencias públicas madrileñas. Según denunció la semana pasada en la Asamblea la diputada socialista Lorena Morales, la adjudicación tiene un tope de 5,9 euros por todos los menús de un día por residente, pero el 70% de los puntos corresponden a la empresa que más baje los precios. Esto ha llevado a que uno de los lotes se haya adjudicado por 4,6 euros. Es un 22%, pese al aumento de la inflación y que, de esa cantidad, la compañía adjudicataria tiene que obtener un beneficio. Antes eran las propias residencias públicas las que compraban los productos y no obtenían, por lo tanto, rédito de la gestión, explica la diputada, informa David Noriega.
El padre de Encarna Vera se encuentra en una residencia privada de Murcia. Según su experiencia y la de algunas de sus compañeras de la Marea de Residencias de esa autonomía, el impacto de la subida del IPC depende del centro de mayores. “Si el mantra es el beneficio, cualquier excusa es buena para recortar, pero no en todas funcionan así”, destaca. En su caso el temor familiar pasa por que el año que viene su padre tenga que asumir un incremento de la plaza acorde al IPC real. “Podría suponer 200 euros más y eso él no podría pagarlo”, añade.
Con unas temperaturas que todavía no han mermado ni pasan factura a la estancia de usuarios en residencias de nuestro país, los familiares anuncian que van a estar atentos a las temperaturas que se registren en los centros en invierno. En verano han comprobado, aseguran, que en algunas residencias “los ancianos han tenido que sufrir temperaturas superiores a 30 grados”. “Hemos denunciado el mal funcionamiento del aire acondicionado en muchas residencias por defectos de infraestructura”, subraya Vázquez.
El efecto que está teniendo el aumento de precios de la energía es dispar. Las repuestas son diferentes dependiendo de la empresa o patronal a la que se pregunte sobre este impacto. A pesar de que en Aeste confirman que el incremento “se está notando de una forma especialmente importante” en esta partida, aseguran que la apuesta “por energías renovables” en sus centros y la adquisición de “grandes volúmenes” les permite “obtener mejores precios en las negociaciones energéticas”.
En estos últimos meses, algunas compañías, como Amavir, han visto cómo los contratos que tenían firmados con compañías energéticas para un largo periodo se rompían de forma unilateral ante el incremento de los precios. “Si rescinden el precio estipulado que tenía una vigencia de tres años y plantean el precio actual, el impacto es brutal”, apuntan fuentes de Amavir, que también añaden que el precio de la indemnización que tiene que pagar la empresa de electricidad o de gas por rescindir el contrato no cubre el incremento que conlleva la ruptura del acuerdo.
Para afrontar estos incrementos, desde Lares piden “sensibilidad” a las administraciones públicas. “Creemos que la situación en los centros es insostenible”, indica Vela. Y lamenta: “La administración conoce los gastos que hay porque tienen centros de mayores. A costa del tercer sector no se pueden gestionar los cuidados en España”.
Ante esta situación, fuentes de DomusVi indican “que el tejido empresarial no puede asumir, de forma estructural, una infradotación presupuestaria de la administración porque no cubre los costes de los servicios públicos”. Con este contexto económico, desde Aeste explican que están gestionando una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, “para que se vuelvan a indexar los precios de contratación pública al IPC real de cada año”. “Estamos trabajando también con las comunidades autónomas para que actualicen sus tarifas y las adecúen a los costes reales que tiene nuestro sector”, apunta Cubero.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que la “mesa de diálogo social” es el órgano para mantener encuentros sobre este asunto. Asimismo, indican que el departamento de Ione Belarra aporta 600 millones de euros anuales a la Dependencia para, entre otros asuntos, reforzar las plazas de residenciales. Por su parte, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, reseñan que van a incrementar las cantidades que pagan por plaza concertada “para seguir garantizando una atención de calidad en las residencias a pesar del difícil contexto actual”.
Desde el departamento de servicios sociales de la autonomía gobernada por Alfonso Fernández Mañueco aseguran que su Ejecutivo “ha acordado incrementar, para 2022, un 8% las cuantías de las plazas de concierto en residencias y centros de día”. En Catalunya la Generalitat prevé incrementar en un 3% las tarifas de los servicios de la cartera de servicios sociales. Fuentes del Gobierno extremeño aseguran que también se plantea una subida del precio de las plazas de residencias de gestión indirecta ante la subida del IPC, aunque no aportan más detalles.
Las empresas también destacan que han realizado “un importante esfuerzo con el incremento del 6,5% en los salarios de todas las trabajadoras del sector” , apuntan fuentes de Aeste. Por su parte, desde Amavir recalcan la importancia de la partida de Recursos Humanos y aseveran que “el personal representa al 60% de los costes totales”. El incremento del 6,5% de los sueldos no es consecuencia de la inflación, destacan CCOO y UGT, sino de una sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció esta subida en junio. Antes del fallo judicial, la patronal se oponía a esta subida.
“Las trabajadoras han sufrido dos años de congelación salarial. Pedimos que el salario mínimo crezca en relación al IPC”, reclama Jesús Cabrera, responsable de negociación colectiva privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitario de CCOO. Ante un sector muy precarizado y que ha afrontado la pandemia en primera línea, Cubero asegura que actualmente las residencias tienen “problemas para retener a trabajadoras” porque optan por cambiarse a sectores como la “hostelería y la limpieza”, donde “cobran más y tienen menos penosidad”.
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