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Corrupción, espionaje y contrainteligencia. Todo esto en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esta es una verdadera historia de espías.
Todo comienza con una llamada telefónica. Un hombre hace una llamada y se identifica como parte de los organismos del Estado para combatir a la delincuencia organizada. Entonces, amenaza: le dice a su contraparte que tiene el trabajo de cazarlo en una operación encubierta; espiarán sus celulares, sus movimientos, sus asociados y hasta a sus amantes.
Quién recibe la llamada es un líder criminal acusado de robo de hidrocarburos, huachicol, y se sospecha que es cercano al Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero pronto cambia el tono de la conversación. El agente le ofrece protección a cambio de dinero. Más aún, le asegura que su trabajo está garantizado, ya que lo ha hecho antes con otros líderes.
Le promete que si le paga, bloqueará el operativo para que él y sus socios “no salgan perjudicados”. Y sube la apuesta: le propone que lo hable con sus colegas para que le entren a la trama de corrupción.
Lo que no sabe ninguno de los dos es que están siendo espiados por el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es la propia agencia de contraespionaje de las Fuerzas Armadas.
Todo esto lo sabemos gracias a una investigación de Cuestione, realizada por Sergio Rincón con información obtenida gracias a las Guacamaya Leaks.
Según lo que descubrimos, sonaron las alarmas en el sistema de seguridad. Hay un agente corrupto pero no saben quién es. Se está filtrando la información y comprometiendo la captura de blancos del crimen organizado.
Las fichas analizadas demuestran que les tomó tiempo detectar al infiltrado, pero finalmente lo lograron.
Por supuesto nuestro agente no es el único. Se han encontrado decenas de casos de personal de las Fuerzas Armadas vendiendo armamento, uniformes, información y demás a miembros de grupos criminales.
Se han documentado casos en los que grandes operativos se realizan para hacer decomisos, sin embargo no detienen a nadie: les habían filtrado que iban por ellos.
Así, nuestro agente está identificado, ubicado y hay evidencias claras de su actuar. ¿Qué pasa? Pues no gran cosa.
Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, admitió en junio que han detectado estos actos de corrupción, pero, según dijo, solo se les da de baja porque meterlos a la cárcel es muy difícil por “cuestiones jurídicas”.
No hay ningún registro de que nuestro agente espiado haya sufrido sanciones, y definitivamente no hay reporte de que haya sido acusado. Peor aún, aunque la Sedena emite decenas de alertas urgentes por los casos de fugas de información o corrupción, tras revisar más de 20,000 documentos no se encontraron sanciones ni juicios contra quienes fueron descubiertos vendiendo datos a criminales.
Esto debe preocuparnos por un par de razones: hay evidencia clara de que el crimen organizado ha logrado infiltrar a nuestras fuerzas armadas. Era predecible que sucediera, pero sucede en un momento singular: no habían tenido tanto poder, recursos, peso político y respaldo del Ejecutivo en décadas.
Hoy nuestras fuerzas armadas están en una posición excepcional de influencia, pero también están sumidas en la opacidad y, lo más grave, la impunidad.
Con una militarización creciente, ¿qué político se atreverá a desafiarlos?
¿Habrá alguien?
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