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Política

Guacamaya Leaks: la inteligencia colombiana en alerta por la llegada de Boric a La Moneda – CIPER Chile – Ciper

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HACKEO AL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
13.10.2022
Por Nicolás Massai D. y Nicolás Sepúlveda

CIPER accedió a los documentos que el grupo de hackers Guacamaya obtuvo desde los servidores de las Fuerzas Armadas colombianas. Ahí aparecen archivos donde queda explícita la visión negativa que tenía el aparato de inteligencia de ese país sobre el triunfo del actual Presidente de Chile, Gabriel Boric. El mayor temor era que el gobierno de Apruebo Dignidad se acercara al eje de izquierda latinoamericano, aislando a Colombia. También temían por la profundización del cambio de la matriz energética chilena, lo que podía afectar las exportaciones de carbón y petróleo de ese país hacia Chile. Los correos electrónicos filtrados incluyen información sobre la flota pesquera china que ronda el Océano Pacífico, y documentos sensibles de operaciones de la inteligencia colombiana en su frontera con Venezuela.
Según la inteligencia colombiana, a ese país no le convenía el triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial de Chile del año pasado: “Su elección como presidente sería el escenario menos favorable para Colombia a partir de su visión de país en lo institucional, político, económico y en lo regional”. Esa frase aparece en un documento catalogado como ultrasecreto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fechado el 6 de septiembre de 2021.
La DNI es un organismo de inteligencia civil que depende del gobierno de Colombia, un símil de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) chilena. El documento que analizó la carrera presidencial de Chile del año pasado se tituló “Escenario electoral de Chile y su eventual impacto para Colombia”, y quedó expuesto en internet luego de que los hackers del grupo Guacamaya atacaran los servidores del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y liberaran más de 300.000 correos electrónicos.

CIPER accedió a esa base de datos y halló el archivo donde se analiza el escenario político chileno. El 7 de septiembre de 2021 la analista Enyis López, de la Subdirección de Producción y Análisis de la DNI, le envió el documento al mayor Ronald Ducuara, oficial de inteligencia del Ejército colombiano.
El análisis de la DNI subraya que la mejor opción para Colombia era un triunfo de Sebastián Sichel (candidato de la centro derecha), que significaba un gobierno de continuidad al de Sebastián Piñera. En contraste, se mencionan los principales acentos programáticos de Boric: “Sus ejes de campaña se centran en la refundación de los carabineros, reformas a las fuerzas armadas e inteligencia, impuesto a superricos y promoción de la terminación de AFP”. Los riesgos para Colombia eran un eventual aislamiento regional si es que el gobierno chileno cambiaba de color político:

La elección como presidente de Chile de un candidato como Boric, y en menor medida Provoste, aumentaría la reconfigurar política regional, a partir de su eventual cercanía ideológica con gobiernos como el argentino, boliviano y peruano, con clara simpatía hacia el régimen de Nicolás Maduro, lo que terminaría por aislar a Colombia (SIC).
Ejército colombiano
La preocupación también era económica: “Un cambio en la visión económica de Chile podría impactar negativamente a Colombia, que durante el 2020 exportó al país austral productos por un valor superior a 774 mil millones de dólares, con una balanza comercial favorable, en más de 204 mil millones de dólares. A este particular se adicionaría la tendencia negativa de importaciones de carbón y petróleo colombiano (principales productos de exportación hacia Chile), presionada por la acelerada implementación del cambio de matriz energética que Chile adelanta como parte del cumplimiento de los Acuerdos de París” (vea aquí ese documento completo).
CIPER halló cientos de archivos que hacen referencia a Chile en los correos electrónicos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, desde análisis políticos hasta otros que calibran los efectos de la revuelta social de 2019. 
El grupo de piratas informáticos tras el colectivo Guacamaya atacó los servidores de las fuerzas armadas de cinco países latinoamericanos, entre ellos los de Colombia y Perú. Las referencias a Chile también son numerosas en los correos expuestos de los militares peruanos. CIPER ya publicó un primer reportaje al respecto (vea “Perú-files: hackeo al Ejército peruano desnuda sus planes de guerra en caso de un ataque desde Chile”).
Además de Colombia y Perú, el ataque de los hackers también afectó a las fuerzas militares de México, El Salvador y Chile (vea reportaje). En un comunicado publicado en la plataforma de distribución de información DDO Secrets, los hackers señalaron que se trata de una operación denominada “Fuerzas Represivas” e invitan a los “pueblos de Abya Yala a que hackeen y filtren estos sistemas de represión, dominio y esclavización que nos domina, y que sean los pueblos los que decidan buscar la manera de liberarnos del terrorismo de los estados”.

No es extraño que la inteligencia colombiana se alertara por el triunfo de un candidato de izquierda en Chile. Hasta el año pasado, Bogotá y Santiago lideraban un eje de gobiernos de derecha en la región, que les permitía contrarrestar la influencia ejercida por lo que queda del bloque bolivariano encabezado por Venezuela y Cuba. Ese escenario cambió luego de que en las elecciones presidenciales de Chile y Colombia se impusieran proyectos de corte progresista.
El hackeo a los militares colombianos suma más de 300.000 emails fechados entre 2020 y 2022, e incluye 420 gigabytes de información. Allí aparecen cientos de archivos sobre Chile. Sobresalen los que analizan la política interna chilena.
En un email del 21 de diciembre de 2021 -cuando Boric ya había ganado la presidencia de Chile- el mayor Luis Fernando Vallejo le envía al capitán de la Armada colombiana, José Revelo Ortega -del Departamento de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares-, un archivo titulado “Efectos elecciones chilenas. Enfoque Intereses Nacionales”.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Además de enumerar asuntos económicos (como la balanza comercial entre ambos países), incluye un punteo con los “potenciales efectos” de la victoria de Gabriel Boric para Colombia y para el continente:
En el último punto del documento se abordan las eventuales consecuencias de la victoria de Boric “sobre intereses nacionales colombianos”:
En otros archivos se abordan cuestiones relacionadas a la revuelta social de 2019, como la visita a Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar en terreno la situación de las protestas. Se destaca una de las recomendaciones que realizó la CIDH al Estado de Chile respecto de una “reforma institucional integral de Carabineros de Chile, para adecuar la actuación de dicha institución a los principios de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos”.
Esa mención figura en un documento enviado el 1 de diciembre de 2021 que resume las principales actuaciones de la CIDH en la región, e incluye un resumen de visitas anteriores de la Comisión a otros países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. En ese mismo correo electrónico -con el asunto “Productos relevantes agosto”- se incluyen otros archivos, como una apreciación sobre el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, donde se advierte la amenaza de una deriva autoritaria de ese gobierno, y se menciona la injerencia que podría estar teniendo China en ese país (vea aquí ese documento). 
El otro archivo que hace alusión a la revuelta chilena fue enviado el 15 de abril de 2022 por el coronel Alirio Gutiérrez, del Ejército colombiano, a Enyis López, de la DNI. El asunto del correo es “Presidencial”. El documento adjunto a ese correo, catalogado como ultrasecreto, es un Boletín de Inteligencia elaborado por la “Comunidad de Inteligencia de Colombia”. En él se analizan eventos protagonizados por las disidencias de las FARC, y en un segundo acápite se desarrolla una hipótesis sobre el origen de las protestas en Chile, Colombia y Perú.
La situación que vivió Chile en el 2019, Colombia en el 2021 y la que vive Perú actualmente, no es distante una de la otra, ya que podrían catalogarse como procesos sistemáticos, faseados y organizados, proyectados a mediano y largo plazo, utilizando como bandera principal y excusa detonante, las necesidades básicas de la población”. Luego, señala que el detonante de las protestas en Chile fue un “Incremento de los precios (metro)”.
El análisis plantea que los movimientos revolucionarios de América del Sur han buscado mayor incidencia política alentando protestas sociales, y le otorga un grado de injerencia en ellas al Foro de Sao Paulo, que es una coordinadora de movimientos sociales y políticos de izquierda latinoamericanos. Y luego compara la evolución de las protestas en Chile, Perú y Colombia, las que según la inteligencia colombiana, seguirían un patrón común.
En todo caso, ese análisis no presenta evidencias de que exista una articulación entre los estallidos sociales en los tres países mencionados. A pesar de eso, concluye que “los eventos de manifestación pacífica y violenta suramericanos no se pueden considerar como hechos aislados e independientes, en razón a que cumplen ciertos procesos escalonados y sistemáticos en busca de un objetivo general ‘derrocar gobiernos de turno’” (vea aquí parte de ese documento).
En octubre de 2020, CIPER publicó un reportaje que evidenció que Chile no estaba preparado para enfrentar la pesca ilegal en zonas de alta mar. Ese año la amenaza fue evidente cuando una flota de 300 naves, la mayoría de bandera china, llegaron a las costas chilenas. Varias de esas embarcaciones tenían antecedentes de pesca ilegal. Esa actividad por fuera de la norma también aparece en los documentos filtrados desde el Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia (vea aquí el reportaje “Parques marinos de papel: flota de 300 naves chinas sorprende a Chile sin plan para controlar “in situ” la pesca ilegal”).
El 23 de abril de 2021 el capitán José Revelo Ortega, de la Armada colombiana, respaldó en su casilla de email una presentación en Power Point sobre la amenaza que representa para las costas latinoamericanas la enorme flota pesquera de China. En ese documento se menciona también que muchos barcos que integran ese grupo ejercen la pesca ilegal, y se entregan algunos ejemplos.
Se menciona que en 2017 la Armada ecuatoriana capturó, al interior de la Reserva Marítima de Galápagos, al barco chino Fu Yuan Yu Leng con más de 300 toneladas de tiburón martillo, una especie que está en vías de extinción. Desde ese mismo año, agrega la presentación, Colombia “viene reportando el aumento de pesqueros chinos en sus costas del Pacífico, amenazando especies como el tiburón, las rayas, el atún y la albacora”. 
China en la actualidad es considerada como la nación más depredadora de vida marina, consumiendo más del 30% de las capturas de pescado a nivel mundial, asimismo es el mayor exportador de productos del mar. Igualmente, la pesca no regulada asiática representa el sexto negocio ilegal más lucrativo del mundo”, se lee en la ficha informativa que tiene el sello de agua del Comando General de las Fuerzas Armadas colombianas. 
En un apartado (“datos de interés”) se indica que aunque China se ha comprometido a respetar las reglas pesqueras en alta mar, su credibilidad es “baja”. Se agrega que la flota “de gran distancia china, que incluye barcos pesqueros, de transporte, apoyo y suministro, suma unos 17.000 navíos”. Según esa presentación, Chile está entre los países afectados por el accionar de la flota china (vea aquí el documento completo).
Otro documento, enviado el 1 de abril de 2021 por el oficial Deivid Valbuena, del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia, a sus pares estadounidenses, establece que los barcos pertenecientes a la flota de pesca china utilizan banderas de otros países para pescar en “aguas distantes”: el 14,78% utiliza la bandera de Ghana y el 14,24% la de Mauritania. Y en un mapa que mide la intensidad de la actividad de pesca de la flota china alrededor del mundo, la costa norte de Chile figura con color rojo, señal de que ahí la actividad es intensa (vea aquí ese informe).

Entre los cientos de archivos hackeados a las Fuerzas Armadas de Colombia que dicen relación con Chile, aparecen los informes periódicos que envía el agregado naval colombiano en Santiago, así como actas de reuniones entre las fuerzas militares de ambos países, donde se abordan asuntos como el intercambio de conocimientos sobre tareas administrativas y coordinación militar.
La vulneración de los servidores del Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia dejó expuestos también documentos altamente sensibles respecto de la relación de ese país con Estados Unidos. Colombia es el principal socio estratégico de los estadounidenses en la región, y en la base de datos vulnerada figuran expedientes abundantes en información sobre la colaboración militar entre ambos países.
También hay varios archivos que analizan la que los Estados Unidos consideran la principal amenaza a su hegemonía en el continente: China. Hay documentos, por ejemplo, que revelan el conocimiento que tienen las fuerzas colombianas y norteamericanas del apoyo que le brindarían China, Rusia e Irán al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. En uno de los archivos figura el detalle del sistema de interceptación de comunicaciones militares que los rusos estarían operando en la frontera de Colombia con Venezuela.
También quedó expuesto el plan de búsqueda de información 2021 del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Armadas colombianas. Allí aparecen cada una de las hipótesis que buscaron confirmar durante el año pasado respecto de las actividades de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC, así como de las actividades de los grupos paramilitares de derecha, y también de las organizaciones criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico.
Hay archivos que detallan misiones de inteligencia a desarrollar por militares colombianos en su frontera con Venezuela, incluyendo nombre del oficial responsable, gastos asociados a la operación, y el objetivo de la misma. Algunos de esos planes incluyen la rendición de los gastos reservados que se ejecutaron para concretar la misión.



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