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Guacamaya Leaks: Agentes de inteligencia militar negocian con blancos del crimen organizado para no investigarlos – Cuestione

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Un agente de un centro de inteligencia mexicana se la juega llamando a Héctor (nombre cambiado para proteger las investigaciones), un líder criminal dedicado al robo de hidrocarburos en la región del Golfo de México y simpatizante del Cártel de Jalisco Nueva Generación
En pocos minutos y con una voz calmada le dirá -con datos precisos- que su trabajo consiste en ‘cazarlo’, es decir, desplegará un operativo encubierto, interviniendo sus teléfonos y siguiendo sus pasos y los de sus cómplices, amantes, clientes, contactos en el gobierno y los de sus familiares. 
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La llamada que inicia como una amenaza de pronto se torna a una negociación, pues el agente propone un acuerdo de $180,000 pesos para ser sordo, ciego y no cumplir con la misión que le fue encomendada: conseguir pruebas para que Héctor por fin vaya a prisión, pues el gobierno federal mantiene una guerra contra el huachicol y él es uno de sus blancos.
“El motivo de contactarlo (Héctor), es saber si usted quiere negociar para no salir perjudicado. (…) El arreglo sería el siguiente: $150,000 ahorita, en una semana $15 y en otra semana $15, o sea, serían 180 (mil pesos). Piénselo, analícelo, y si le conviene hágamelo saber, en caso de que no decida nada, no se preocupe, hagamos como que nunca le dije nada”, dice el agente de inteligencia.
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En su labor de convencimiento y ya con una actitud de comerciante, el agente le comenta a Héctor que su trabajo está garantizado, pues ha colaborado con el líder de célula de la zona, afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación. También aclara que el soborno es solamente para que no sume pruebas a su carpeta de investigación, aunque ésta seguirá abierta. 
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Es mayo de 2021 y la negociación avanza, pero lo que no saben es que tras bambalinas están los oídos del personal del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y que se coordina con todas las dependencias federales de seguridad, la cual ya había iniciado un monitoreo y un cerco de escucha telefónica a Héctor y a otros capos de la región. 
Tras analizar la llamada, el personal de inteligencia generó documentos advirtiendo que uno de los suyos había filtrado información a Héctor, un blanco que estaban por capturar. Toda la trama ahora es pública y ha sido expuesta en la filtración de seis terabytes de documentos de la Sedena, conocida como Guacamaya Leaks.
En los documentos, tarjetas y audios enviados a miembros de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, a los que Cuestione tuvo acceso, se especifica que el agente de inteligencia -en ese momento sin nombre y sin historia-, se presentó ante Héctor como miembro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero tras un análisis consideran que en realidad es un marino. En tanto lo fichan con la leyenda “por identificar” y se anuncian acciones de contrainteligencia para encontrarlo.  
No es la primera vez que un uniformado filtra información. Entre 2019 y 2020 se presentaron 78 casos, de acuerdo con datos estadísticos del Sistema de inteligencia Militar, documentos sacados de Guacamaya Leaks.
Los reportes, retomados también por el diario El Universal, refieren que en ese mismo periodo hubo 34 intentos de cooptación a personal militar; 23 casos fueron de uniformados vinculados al crimen organizado; y seis por asuntos diversos, entre ellos sobornos.
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Y mientras los focos rojos del centro de inteligencia seguían encendidos por la “fuga de información” y que, según los documentos, comprometían la detención de al menos dos criminales dedicados al huachicol, Héctor llamó a sus cómplices y les dijo sobre el acuerdo y algunos detalles del agente de inteligencia que los iba a apoyar para “no salir perjudicados”.
También les contó sobre los datos técnicos que el agente le dio, como reiniciar sus teléfonos en punto de las 7:00 y 18:00 horas todos los días; hacer llamadas solo en los horarios de 09:00 a 11:00 horas; de 12:00 a las 17:00; y de 19:00 en adelante, evitando dar direcciones, nombres y datos específicos sobre sus operaciones de huachicoleo. 
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En el centro de inteligencia -cuya sede está en Ciudad de México- se generaron más documentos donde se lee que Héctor le dijo a sus allegados que también estaban en una lista y serían monitoreados por agentes de inteligencia, a quienes no podían sobornar y sus contactos en el gobierno local no los podían ayudar. Además se detalla que el marino que les filtró información estaba buscando negociar con más cómplices de esa célula delictiva. 
Según los audios a los que Cuestione tuvo acceso, hubo un posible arreglo, pues una noche de finales de mayo de 2021, Héctor y el agente de inteligencia tuvieron una llamada, donde se le escucha decir a este último: “Usted ya la libró conmigo, eso se lo garantizo”.  AUDIO
Cuestione realizó una revisión hemerográfica y otra en los comunicados de la Fiscalía General de la República, pero no encontró registro de la detención de Héctor o de los miembros de su célula dedicada al huachicol, una actividad que de julio a septiembre pasados dejó una pérdida de $5,600 millones de pesos, con el robo de 5,900 barriles de combustible diarios, según cifras oficiales.
En julio de 2022, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia dio seguimiento técnico (intervención de telefonía y monitoreo en campo) a por lo menos 51 blancos de diversas organizaciones criminales. Unos 18 casos eran blancos relacionados con el robo de hidrocarburos.
Además de la sede en CDMX, también hay centros regionales de inteligencia (noreste, noroeste, occidente y sureste), integrados en este 2022 por cerca de 370 agentes de todos los cuerpos de seguridad federal, agregando personal de FGR y Guardia Nacional. 
Para evitar fugas de información, se realizan operaciones de contrainteligencia, que van de acciones rutinarias como revisión de mochilas, celulares, gafetes, escritorios y archiveros, así como quema de papelería, pláticas sobre uso de redes sociales y las normas laborales, hasta correctivos disciplinarios a elementos que por ejemplo, han conectado celulares a computadoras, o intentado escanear o sacar capturas de pantalla a archivos.
Todo personal usa un token, el cual es resguardado al terminar el turno, además hay cambio de contraseñas de forma periódica, se realizan exámenes de confianza y todo intercambio de documentos se realiza por medio de un sistema interno.  
También se han generado marcas de agua para identificar de dónde se filtran documentos. A finales de 2021 se dieron pláticas y recomendaciones para que los elementos “eviten contraer compromisos o deudas de toda índole que rebasen sus capacidades personales y económicas, que les generen problemas con otros individuos y puedan verse involucrados con la delincuencia organizada”.
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En un documento generado en julio de 2022, filtrado en Guacamaya Leaks, se lee que los agentes firman una carta compromiso de confidencialidad de la información, también se detalla que los uniformados deben estar informados sobre qué situación jurídica, legal y administrativa tendrán en caso de filtrar información.
Diversos reportes detallan el seguimiento que se le da a los elementos de tropa, pues algunos suben fotografías o videos a las redes sociales con su uniforme y armamento; algunos son sancionados solo por revelar su identidad militar. 
No solamente se le vende información al narco, también armamento o uniformes, inclusive por redes sociales. En 2019 y 2020, se presentaron 19 casos (dos y 17 respectivamente), lo que representa un incremento significativo, según datos del Sistema de Inteligencia Militar, Subsistema de Contrainteligencia
Diversos medios de comunicación han dado cuenta de cómo la Sedena reporta estos crímenes. Por ejemplo, en junio de 2019 elementos de inteligencia detectaron que un militar ofrecía armamento de guerra y uniformes tácticos, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México, según lo publicó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
MCCI agregó que en los reportes de inteligencia se detalló que había un segundo proveedor que era un militar con grado de Coronel -“que gusta de dinero, bebida y le entra a todo”- y que tenía su sede en el Campo Militar 1, en Ciudad de México.
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Desde junio pasado, la Sedena anunció que investiga la venta de equipo táctico y armas por parte de militares y marinos, esto luego que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aceptara que algunos uniformados roban esos artículos para comerciarlos con los grupos de la delincuencia organizada. 
“Sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas, y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas… Y también, ¿por qué no decirlo?, al menos nos ha pasado dos o tres veces, dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas”, explicó Sandoval. 
Entre 2019 y 2020, al menos 30 uniformados vendieron armas, vestuario y equipo a la delincuencia organizada, de acuerdo con estadísticas de contrainteligencia. 
La información que se ha filtrado de la Sedena también ha servido para que criminales consigan datos personales de mandos militares, como números de teléfono, y con ello amenazarlos o generar conflictos en las operaciones. 
Por ejemplo, a mediados de junio de junio de 2022, en el noreste mexicano una célula criminal quería dar un golpe a los ductos de Pemex, sin embargo, se encontraron con patrullajes militares. 
En medio de las operaciones, a uno de los comandantes le llegaron mensajes por WhatsApp donde se leían abusos que supuestamente habían cometido sus soldados contra la población. Luego de un análisis, se llegó a la conclusión que el número del comandante se filtró y le llegaron los mensajes para afectar las operaciones de los patrullajes. 
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En junio pasado, agentes de la FGR y militares realizaron un operativo en el que decomisaron 100 kilos de cocaína y metanfetamina que tenía como destino Estados Unidos y era perteneciente a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación que opera en Guanajuato. 
Parecía un gran golpe al crímen, pero horas más tarde elementos de inteligencia detectaron que los criminales habían recibido una alerta sobre el operativo por parte de un abogado que tenía contactos en SEIDO. Gracias a la advertencia, no hubo detenidos. 
En los más de 4,000,000 de correos de la filtración Guacamaya Leaks, se enumeran decenas de casos de filtración de información militar, por medio de agentes de las fiscalías estatales, así como funcionarios locales y federales con sede en Ciudad de México.  Pese a que la Sedena emite alertas urgentes por casos de fuga de información, en una revisión de al menos 20,000 documentos de Guacamaya Leaks -relacionados a filtraciones de información, seguimientos de inteligencia y contrainteligencia militar-, consultados desde 10 de octubre hasta el 30 de noviembre de este año, Cuestione no encontró datos de sanciones o juicios de honor y justicia en contra de agentes que vendieron información al narco y terceros. 
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