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Gobierno expropia 151 terrenos para Tren Maya en Quintana Roo – Animal Político

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El gobierno federal declaró “de utilidad pública” 151 terrenos privados de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, los cuales serán utilizados para el tramo 6 del Tren Maya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que ordena la “ocupación temporal” de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados de terreno.
Leer más | AMLO sí expropió terrenos para el Tren Maya, aunque en 2018 prometió no hacerlo
El documento, emitido este 6 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), argumenta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) requiere de los terrenos para “aumentar la viabilidad técnica durante la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados con el Proyecto Tren Maya”, pues sostiene que permitirán la interconexión entre las obras.
“En el dictamen técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., se comprueba que los bienes inmuebles que se pretenden ocupar temporalmente son apropiados e idóneos para el Proyecto Tren Maya, conforme a los planos topográficos de los inmuebles”, sostiene el decreto con la ubicación de los 151 terrenos que fueron ocupados inmediatamente por la Sedatu.
Además de ordenar el pago de indemnizaciones a los dueños, el decreto sostiene que en caso de que los terrenos no sean destinados total o parcialmente, “al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o el pago de los daños causados”.
En agosto pasado, el gobierno ya había ordenado la expropiación de 1 millón 093 mil 118.93 metros cuadrados de terreno en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, también en Quintana Roo. 
Esto, pese a que el presidente, días antes de tomar el cargo, había prometido que al construir el Tren Maya no habría afectación ambiental y que tampoco se expropiaría ningún terrero, propiedad o ejido.
El Partido Republicano recuperará el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de período de Estados Unidos según proyecciones.
Según la cadena estadounidense CBS, socia de BBC, los republicanos se perfilan como mayoría en la cámara baja del Congreso, a la espera de conocer qué pasa con el Senado.
Ambas cámaras han estado bajo control demócrata en los dos primeros años de mandato del presidente Joe Biden. Si finalmente hay un cambio de control partidista, eso afectará a la agenda de Biden, que podría ver bloqueadas sus iniciativas.
Normalmente las elecciones de mitad de período son un referendo a la gestión del presidente y suelen ser negativas para el partido que controla la Casa Blanca.
Biden tiene bajos niveles de aprobación (alrededor del 45%) y la alta inflación en el país, el gran tema para muchos electores, juega en contra del partido en el gobierno.
Los resultados definitivos tardarán en conocerse porque aún hay partes del país que siguen votando y el conteo de votos en varios estados puede demorarse días, sobre todo para las disputas más igualadas.
En un clima de gran polarización y de dudas sobre el funcionamiento de las elecciones, el FBI dijo que no se han denunciado problemas significativos, violencia, amenazas ni intimidación.
Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en EE.UU.
Parece probable que los republicanos, como se predijo ampliamente, tomen el control de la Cámara de Representantes cuando comience el nuevo Congreso a principios del próximo año.
Si es así, la pregunta es qué tan grande es la mayoría que podrían tener.
Casi como una gran tormenta, una verdadera ola electoral puede desalojar a algunos políticos que se suponía que iban a mantener sus escaños. Es el momento de esperar sorpresas.
Pero incluso si los republicanos terminan con solo una pequeña mayoría en la Cámara, se cerrará la puerta a la agenda legislativa de Joe Biden para los próximos dos años. Esto generará un nivel de intensa supervisión del Congreso que el presidente ha evitado hasta ahora.
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