Síguenos en nuestras redes sociales: ¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam) Hubo una falla. Por favor intenta más tarde. El valor del avión presidencial se devaluó casi 323 millones de pesos en alrededor de dos años debido a la obsolescencia de algunos componentes, que, aunado a la falta de labores de mantenimiento y otros rubros, ha frustrado al menos uno de tres propuestas de compra hasta junio de este año. Para lidiar con la problemática –y un eventual deterioro antes de que sea pagado en su totalidad–, la Sedena ha trabajado en una propuesta para usar comercialmente el Boeing 787-8 a través de una nueva aerolínea, pero con un modelo que la misma administración reconoce como un potencial generador de costos adicionales. Hasta el pasado 21 de noviembre, el valor mínimo de enajenación del avión era de 1,963,100,068 pesos, lo que implica una devaluación de 322.9 millones de pesos respecto al valor de 2,286,017,512 pesos que el gobierno había señalado como valor de venta mínimo a inicios de 2021, de acuerdo con documentos contenidos en correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, a los que Expansión tuvo acceso. Según un dictamen valuatorio realizado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) advierte de la obsolescencia técnico funcional de algunos componentes, como los motores de la aeronave, el tren de aterrizaje, y la falta de equipo de internet de alta velocidad. Además, una inspección boroscópica –un ejercicio visual interno realizado con equipamiento especializado– realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos detectó un desgaste en otros componentes que si bien estaba dentro de los límites permisibles, afectan el valor del equipo. La naturaleza del avión también afecta su valor de mercado. La configuración VIP de la aeronave –para uso presidencial, que deja una capacidad de 80 pasajeros cuando un modelo comercial alberga alrededor de 240 pasajeros– fue hecha “a la medida”, lo que se tomó en consideración en el dictamen del INDAABIN. Otro rubro que impacta el precio de venta de la aeronave es que se trata de un modelo relativamente viejo –con 10 años de antigüedad–, y, al ser uno de los primeros de su tipo, complica ciertas labores de mantenimiento. En una respuesta de la empresa Wise Extra Commerce –enfocada a proyectos y consultoría del sector aéreo– a la Fuerza Aérea Mexicana para la contratación de servicios de mantenimiento para el avión, se menciona que “considerando que la aeronave B787-8 propiedad de esa dependencia fue de los primeros prototipos en producirse, para poder cotizar debidamente el mantenimiento de la misma aeronave será necesario tener una lectura exacta del manual específicamente de esta serie, ya que en el “MPD” [documentos de planificación de mantenimiento] no están consideradas algunas tareas de las que ustedes enlistan en sus requerimientos”. “Nuestra empresa (…) al amparo del permiso de taller # 397 emitido por la autoridad aeronáutica “AFAC” no puede ser ausente de profesionalismo y cotizar sin una base técnica solida pudiendo caer en errores que afecten al cliente”, refiere la empresa en una carta.
En el transcurso de los últimos dos años, el avión presidencial ha tenido al menos cuatro muestras de interés de compra, sin que ninguna se haya confirmado de manera pública hasta la fecha. La primera de ellas data de mayo de 2020, cuando la empresa Imex International FZE solicitó información a Banobras –que es el propietario oficial del avión, que tiene un contrato de arrendamiento con la Sedena– , el fabricante Boeing y a la propia Sedena sobre las labores de mantenimiento del avión, realizado por ComAV Technical Services (COMAV) bajo subcontratación de Boeing. En concreto, se cuestionó sobre las labores de mantenimiento tipo C, de gran alcance y que estaban proyectadas para realizarse en 2022. “La empresa “IMEX INTERNATIONAL FZE” cuestionó al representante de “Boeing” sobre las capacidades de su taller, aquí en Victorville, Ca., E.U.A., para materializar la inspección “C”, quien manifestó que no cuenta con las capacidades correspondientes para dichos trabajo”, refiere una minuta de la Fuerza Aérea Mexicana. Más tarde, en julio de 2020, la firma Oriole Capital Group solicitó información sobre la aeronave, y posteriormente, en marzo de 2021, la empresa brasileña Airctm Assessoria e Serviços Ltda también solicitó información a Banobras y Sedena. La más reciente intención de compra data de junio de este año, cuando la empresa Athene Global Establishment envió una carta de intención para adquirir el equipo por 95 millones de dólares, en la que establecía varias condiciones de inspección y entrega, planteada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Expansión se puso en contacto con las cuatro empresas interesadas en el avión presidencial, y sólo una se limitó a responder bajo condición de anonimato que había abandonado el proceso debido a “los cuestionables registros de mantenimiento y condiciones de componentes cruciales de la aeronave”. Anteriormente este medioreportó que, según fuentes cercanas al proceso de venta del avión, la mejor oferta recibida hasta abril de 2020 había sido de 65 millones de dólares, la cual fue rechazada por ser inferior a los 130 millones que el presidente Andrés Manuel López Obrador había puesto como precio de referencia. “No hay compradores para este avión al precio del avalúo, hay por 60 mdd a 65 mdd, nada más”, dijo en aquél momento la persona con conocimiento del proceso de venta, bajo condición de anonimato.