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Política

Documentos de PNC desmienten a Bukele y confirman homicidios en cárceles durante el régimen de excepción – revistafactum.com

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Tras ocho meses de régimen de excepción, al menos 90 personas bajo custodia han muerto en las cárceles de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele lo ha minimizado diciendo que son muertes por causas naturales. Sin embargo, documentos internos de la PNC desmienten la versión oficial y dejan en evidencia que algunos han muerto con signos de haber sido asesinados. Familiares de los detenidos también aseguran que otros han muerto porque padecían de enfermedades terminales y no les dieron acceso a medicamentos. 
Foto FACTUM/Natalia Alberto

Documentos internos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirman que al menos seis personas detenidas durante el régimen de excepción fueron asesinadas dentro de las cárceles en los primeros 50 días de la medida; mientras que al menos otras dos murieron con signos de haber sido vapuleadas previamente. Este hecho contradice la versión oficial defendida por el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad, quienes han declarado públicamente que los reos fallecidos durante el régimen de excepción han muerto por causas naturales.
“Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera”, dijo el presidente Bukele durante una transmisión en vivo en la que apareció junto a su gabinete ampliado de Seguridad, el pasado 16 de octubre.

Sin embargo, documentos internos de la PNC a los que Revista Factum ha tenido acceso desmienten la versión del presidente. El 18 de mayo de 2022, poco antes de un mes y medio de iniciado el régimen de excepción, el agente Carlos Roberto Martínez Cabrera, del Centro de Información y Control Operativo Policial (COP), envió un correo electrónico a José Norberto Brune Bonilla, apoderado legal de la PNC, con el siguiente mensaje:
“Respetuosamente con instrucciones del señor Jefe de COP, adjunto archivo en Excel, referente a reos detenidos durante el régimen de excepción”.
Junto al correo añadió un archivo en Excel con el nombre “Reos fallecidos del 26 de marzo al 18 de mayo de 2022”. 
El documento contiene un listado de 24 reos fallecidos dentro de las bartolinas policiales a nivel nacional entre el 30 de marzo y el 8 de mayo. Por cada fallecido, el informe detalla nombre, fecha de captura, penal en que se encontraba el detenido, fecha en que falleció y una breve descripción de las circunstancias en las que murió. En 6 de los 24 casos descritos, las autoridades admiten que la causa de la muerte fue homicidio o “sobreaveriguar homicidio”, debido a que se reporta que estas víctimas murieron con señales de haber sido golpeadas. 
Desde que inició oficialmente el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales –así como reportes de prensa– han señalado graves violaciones a derechos humanos, como miles de detenciones arbitrarias, torturas y decenas de reos fallecidos dentro de las cárceles salvadoreñas. Cristosal, la organización que lleva el mayor y más detallado registro de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción contabiliza 90 muertos dentro de las prisiones en los primeros siete meses de la medida. Esta cifra ha sido confirmada públicamente por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien además añadió que esa cifra es “normal”.

El 7 de junio, el comisionado César Baldemar Flores Murillo giró un memorándum interno a los jefes de las delegaciones de todo el país y a los jefes de las divisiones de Seguridad, Fronteriza y de Tránsito Terrestre. El memo –al que Factum tuvo acceso gracias a la filtración de Guacamaya– ordena a todas las jefaturas mantener “estricta observancia al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en bartolinas policiales”. Además hace énfasis en que se le brinde primeras atenciones médicas “en aquellos casos en que se vea en peligro las personas detenidas”. 
Para ese entonces, el régimen de excepción ya llevaba más de dos meses en curso y reportes locales ya contabilizaban al menos 17 personas muertas bajo resguardo de las autoridades.
Memorándum interno de la PNC, luego de que comenzaran a reportarse los primeros casos de reos fallecidos durante el régimen de excepción.
Factum accedió a este documento a través de DDOSecrets, una organización que obtuvo la información producto del hackeo masivo realizado por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, México, Chile. Colombia y Perú. El hackeo ocurrió a finales de junio de 2022, por lo que la información vertida en millones de correos a los que este medio tiene acceso se limita solo a los primeros meses del régimen de excepción.
Desde el 30 de noviembre, Factum buscó la respuesta de Casa Presidencial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil sobre la información oficial acerca de los homicidios dentro de las cárceles. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta de ninguno de los encargados de prensa de las instituciones consultadas.
El pasado 16 de octubre, el director de Centros Penales y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, aseguró en la misma transmisión en vivo con el presidente Bukele que los casos expuestos por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil eran mentiras. “Es fácil mentir dentro de la bola de mentiras que genera la oposición por desprestigiar un plan que es totalmente integral”, dijo.
El argumento principal del presidente Bukele y de Luna en aquella transmisión fue que durante el régimen de excepción ha habido menos reos fallecidos per cápita que en los años anteriores. Esta versión, sin embargo, no puede ser corroborada debido a que las autoridades han ocultado las cifras oficiales de fallecidos dentro de los centros penales. Factum solicitó los datos a la oficina de Prensa de Centros Penales para poder compararlas; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Tanto la legislación salvadoreña como distintas normas internacionales establecen que la integridad de las personas privadas de libertad pasan a ser responsabilidad del Estado desde el momento de su detención. El artículo 9 de la Ley Penitenciaria de El Salvador establece que todo interno dispondrá del derecho a que “el establecimiento donde está guardando prisión (el detenido) cuente con las instalaciones sanitarias y médicas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física”. 
A nivel intencional, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen que “se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes” y que “ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
Entre los nombres que aparecen en el documento policial –cuya causa de muerte sobre averiguar es “homicidio” o lesiones– se identifica a Walter Vladimir Sandoval, de 31 años, un deportista y aficionado al fútbol cuyo caso se hizo público a través de la prensa. De acuerdo con el reporte policial, cerca de las 10:00 de la mañana del 3 de abril, Sandoval iba a ser ingresado al Sector 3 del Penal de Izalco, cuando “empezó a actuar de forma errática y se cayó de las gradas, quedando inconsciente en el lugar”. Sin embargo, el mismo reporte dice que “el resultado de la autopsia determinó que las lesiones causadas en la víctima fueron provocadas, determinando que el caso pasa a ser un homicidio”.
El documento de la Policía Nacional Civil que reporta que “el caso (de Walter Vladimir Sandoval) pasa a ser un homicidio”.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) ha documentado relatos que afirman que a Walter lo sometieron y lo torturaron policías de la delegación central de Ahuachapán.
Según una publicación de La Prensa Gráfica, la familia de Sandoval aseguró que él fue capturado el 30 de marzo, cerca de su vivienda, cuando se encontraba en estado de ebriedad y que “testigos vieron cómo ellos (la policía) lo golpearon, exigiéndole decir que era pandillero; cuando no lo era”.
Casi ocho meses después de la muerte de Walter, su familia continúa sin recibir los resultados de la autopsia hecha por Medicina Legal. El Idhuca, que acompaña legalmente a los Sandoval Peñate, tampoco ha recibido el documento que ayudaría a aclarar las circunstancias en las que murió Walter, quien era el menor de tres hermanos.  
Los padres de Walter están convencidos de que su hijo falleció como consecuencia de una golpiza y no creen la versión de la Policía, que reportó que el joven deportista se cayó de unas gradas cuando iba a ser ingresado en el penal de Izalco. Por eso, desde que recibieron el cadáver buscan justicia. “Si yo hubiera sabido que Walter era un delincuente, aunque me hubiera dolido, me hubiera quedado callado; pero yo lo conozco. Por eso me he movido por diversos lugares tratando de ver que se haga justicia, porque lo conocía a él”, dijo el padre de Walter a Revista Factum. 
Otra de las muertes ocurridas dentro de los penales y que fue identificada como “homicidio” por la PNC es la de Romeo Mauricio Posada Urrutia, de 57 años, quien junto a su familia residía en Guatajiagua, Morazán. De acuerdo con el reporte policial, el 16 de mayo del presente año, Posada Urrutia fue trasladado desde la Fase 3 del penal de Izalco hacia el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate «ya que tenía problemas de salud». El mismo reporte dice que al llegar al hospital, “el cuerpo presentaba grietas en manos y pies. El médico forense manifestó que el cuerpo presenta edema generalizado con esfacelación de piel en miembro superior derecho”. Un médico forense consultado por Factum explicó que la descripción hace referencia a que el cuerpo estaba hinchado y con la piel reventada. “En casos de personas que han recibido golpizas hasta la muerte, se puede describir como un edema generalizado. De lo contrario, la autopsia tendría que especificar en qué parte del cuerpo está el edema”, dijo el médico que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.
El documento de la Policía Nacional Civil que reporta el caso de Romeo Mauricio Posada Urrutia.
De acuerdo con una publicación de El Diario de Hoy (EDH) del 18 de mayo, la familia de Posada Urrutia aseguró que él fue capturado por ser el padre de un pandillero, lo cual en ninguna ley salvadoreña figura como un delito. Además, la familia también manifestó que ambos habían cortado comunicación desde hacía mucho tiempo. EDH informó que la familia de Posada Urrutia sospechaba de que su familiar fue torturado antes de su muerte. “Imágenes que familiares mostraron a El Diario de Hoy evidencian que Romeo tenía la totalidad del brazo derecho morado y algunas partes sin piel. Iguales lesiones se le observaban en la espalda. En las piernas también presentaba moretones y tenía suturas en la cabeza”, señaló, entonces, la publicación.
En la actualidad, las hijas de Posada Urrutia ya no residen más en Guatajiagua. Otros familiares relataron que ellas se fueron de ahí debido al acoso policial. Informaron, además, que otra hija del reo fallecido también fue detenida y, según sus parientes, también fue presionada –al igual que su padre– para que delatara a su hermano. La familia está convencida de que Posada Urrutia fue asesinado al interior del penal. Aseguran que la última vez que Romeo vio a su hijo –a quien insistentemente busca capturar la Policía– fue hace cinco años, cuando murió su madre.
Por otra parte, un caso que no había sido público, hasta ahora, es el de José Luis Guevara Ulloa. Al hacer una búsqueda en internet, su nombre no aparece, pero está enlistado en el informe policial dentro de los casos “no conocidos públicamente”. Sin embargo, la misma policía lo reconoce como un caso de homicidio dentro de las prisiones durante el régimen de excepción.
De acuerdo con el reporte, Ulloa, de 36 años, fue detenido el 26 de abril por el cargo de agrupaciones ilícitas y fue llevado a la celda número tres de las bartolinas policiales de San Miguel. Tres días después, fue llevado al hospital San Juan de Dios, donde murió en el área de Emergencias. El reporte detalla que al momento de su muerte, al hospital llegaron una fiscal y una médico forense, quienes determinaron que la causa de la muerte se iba a determinar mediante “Formulario de Muerte Violenta 49460. Se modifica a homicidio”.
El documento de la Policía Nacional Civil que reporta el caso de José Luis Guevara Ulloa.
Un reporte de El Faro publicado el 30 de agosto asegura que al menos diez víctimas cuya causa de muerte ha sido reportada por Medicina Legal como “en estudio” presentan signos de golpes o tortura. 
El 29 de noviembre, ocho meses después de instaurado el régimen de excepción, Cristosal presentó un informe sobre violaciones a derechos humanos. hasta esa fecha, la organización registraba 3,015 denuncias con un total de 3,139 personas afectadas de las cuales la mayoría (85%) eran hombres entre 18 a 30 años de edad y cuyos victimarios eran principalmente agentes de la PNC (75.3%). 
Según la organización, con el paso del tiempo, la violencia por parte del Estado ha pasado a ser normalizada por la sociedad. “Los primeros meses del régimen de excepción estaban permeados por la incertidumbre y confusión debido al desconocimiento total de los alcances del régimen. Sin embargo, en los últimos meses, se percibe naturalización y apoyo que parte del desconocimiento de los alcances del mismo y únicamente se vincula al rechazo a las pandillas”, dice un comunicado emitido por la organización.
Los otros dos nombres mencionados en el informe policial al que este medio tuvo acceso y cuya causa de muerte es señalada como consecuencia de un vapuleo son los de José Israel Crespín Solórzano, de 24 años, quien permanecía preso en la prisión “La Esperanza” conocido como Mariona; y Leonardo Vladimir Rivera Castillo, de 26 años, detenido en el penal de Izalco. Ninguno de estos casos ha sido conocido públicamente. 
El informe también detalla múltiples casos de reos detenidos durante el régimen de excepción que fallecieron por emergencias médicas. Es el caso, por ejemplo, de Melvin Alexander Palacios Rivera, a quien la PNC detuvo el 1 de abril de 2022 en San Vicente, cuando el régimen de excepción tenía apenas cinco días de haber empezado. Lo capturaron por el delito de agrupaciones ilícitas porque, según la Policía, era pandillero de la MS-13. Lo remitieron a la Fiscalía General de la República y luego lo enviaron al centro penal de Izalco, en Sonsonate. Hacia el 18 de abril, lo ingresaron en el hospital sonsonateco donde murió dos días después.
El de Melvin no es un caso conocido que se haya publicado en medios de comunicación sobre los fallecidos del régimen de excepción. Ni siquiera su relato hubiera existido si no fuera por la información que la organización internacional hacktivista Guacamaya logró obtener y que compartió con Factum.
El régimen de excepción es la respuesta del gobierno de Bukele a las pandillas MS-13 y Barrio 18 luego de la masacre de 87 personas que fueron asesinadas durante el último fin de semana de marzo en todo el país. La matanza, según una publicación de El Faro, fue producto de una ruptura del pacto que el gobierno mantenía desde el principio de su gestión con ambas pandillas. Esta medida ha traído graves consecuencias para El Salvador como constantes violaciones a derechos humanos, la militarización de la seguridad pública y 90 muertos más.




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