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DIPUTADAS EN OPACIDAD

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El objetivo de transparentar es evitar que haya enriquecimientos ilícitos derivados de sus gestiones.

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Durante nueve años Elizabeth Mateos y Carlos Estrada manejaron como su empresa Iztacalco con resultados de una abultada deuda, desaparición hasta del excusado del alcalde y colapso delincuencial con mil 50 delitos de alto impacto.

La situación no ha cambiado en nada: la diputada Elizabeth Mateos se niega a transparentar sus declaraciones de impuestos (EVASIÓN FISCAL) y declaraciones de intereses. La opacidad y poca transparencia con que se ha manejado Elizabeth Mateos durante años parece no tener fin.

Más del 30 por ciento de los diputados locales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México no han dado a conocer sus declaraciones de impuestos ni de intereses como lo marca la ley de transparencia. Esto, a pesar de que en septiembre pasado cumplieron un año en funciones.

De acuerdo con organizaciones civiles, la importancia de compartir estos datos es para evitar actos de corrupción.

En total, son 23 legisladores que no han cumplido con sus obligaciones de transparencia, lo que representa el 34 por ciento del total de diputados que integran la actual Legislatura, según datos consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Legislativo de la ciudad.

De ellos destacan cinco representantes populares por no cumplir con ninguna de las declaraciones que mandata el marco legal: Elizabeth Mateos, América Rangel Lorenzana, Tania Nanette Larios Pérez, Alejandra Méndez Vicuña y Alicia Medina.

Mientras que los diputados que no han presentado su declaración de intereses son Aníbal Cañéz Morales, Raúl Torres Guerrero, María de Lourdes González, Carlos Cervantes Godoy e Indalí Pardillo Cadena.

En lo único que todos los diputados cumplen, de acuerdo con los datos consultados, es haber dado a conocer a la Contraloría del Congreso su situación patrimonial.

La Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son los marcos legales que estipulan la obligación de los funcionarios de realizar sus declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, así como de hacerlas públicas.

La relevancia de las declaraciones para la transparencia

El Centro de Investigación y Análisis Fundar señala en su artículo “Declaraciones patrimoniales y de intereses para combatir corrupción: Fundar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que dichos documentos son importantes para evitar anomalías en el servicio público.

Lo anterior, debido a que son la forma en que la ciudadanía puede revisar la evolución patrimonial de los servidores, pago de impuestos e intereses personales o financieros y, con ello, evitar que haya enriquecimientos ilícitos derivados de sus gestiones.

Sin embargo, la organización acusa que en México han sido inoperantes por la incapacidad institucional para investigar efectivamente el patrimonio de los funcionarios.

Además, destaca la organización, es importante que las declaraciones sean públicas y de fácil acceso.

“La habilitación de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que las y los servidores públicos deben presentar de forma obligatoria, no implica vulnerar la seguridad de la y el funcionario pues, de esta manera, se concilian el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, establecidos en la Constitución, con base en la idea de que ninguno es, por sí mismo, superior al otro, excepto cuando se estiman razones de interés público”, detalla el documento.

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