Inflación.
La inflación acumulada en los últimos 12 meses ha sido de 13,7%. Luego de décadas de crecimiento económico sin inflación, el aumento de precios ha vuelto a ser tema, porque luego de muchos años de aumento sostenido del poder adquisitivo, éste retrocede. Y particularmente en el quintil de menos recursos, que gasta casi todos sus ingresos en alimentarse, porque el aumento de precios de los alimentos en los últimos 12 meses fue de 21,9%.
Esto ha devuelto a la pobreza a miles de familias, rompiendo la tendencia sostenida de reducción de la pobreza durante tres décadas. Sí, justamente los 30 años vilipendiados, que en esta dimensión, como en muchas otras, comienzan a ser mirados con añoranza. Como los salarios han permanecido prácticamente estancados, el retroceso en poder adquisitivo ha sido muy significativo, adquiriendo ribetes dramáticos entre los más vulnerables, porque impacta directamente sobre la cantidad y calidad de alimentos en la mesa de los hogares del quintil más pobre.
Junto al problema de inseguridad y descontrol del orden público, la inflación es con toda seguridad el segundo factor decisivo en la baja valoración del gobierno y también lo fue en el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención.
A estas alturas el ministro de Economía debe estar borrando los tweets que señalaban supuestos beneficiarios de la inflación, porque los hogares más pobres están sufriendo su impacto en la alimentación diaria y la clase media en el aumento desmedido de sus dividendos hipotecarios, lo que en los jóvenes se traduce en un muro cada vez más infranqueable para acceder a una vivienda propia.
Aunque una parte importante de la inflación tiene sin duda su origen en factores externos, es indiscutible que la presión política en 2020 y 2021 por transferencias monetarias tuvo influencia decisiva para convertirla en un problema mayor de la economía chilena. El gasto fiscal en 2021 aumentó desmesuradamente -US$ 3 mil millones/mes en el IFE- y la descapitalización del ahorro previsional ascendió a 50 mil millones de dólares, generando una inédita presión inflacionaria.
El gobierno aparece inerme frente a la inflación. Inyectar recursos a las personas agravaría el problema, por lo que es muy probable que la presión por universalizar beneficios estatales por parte de quienes gobiernan hoy regrese a la tan vilipendiada focalización de las ayudas públicas en los más vulnerables.
Más efectivo y al alcance del Gobierno es intervenir en la microeconomía con iniciativas que abaraten los costos de producción, importación, distribución y venta de los productos alimenticios. Por supuesto, suscribiendo sin dilación la actualización del tratado con la Unión Europea y depositando la ratificación del CP TPP, que rebajan aranceles a numerosos productos, pero también implementando medidas como la que propuso la senadora Allende, de priorizar los alimentos en los trámites de Aduana, o reforzando las acciones de contención del alza de combustibles, la flexibilización de las normativas de infraestructura y de régimen laboral que rigen el comercio, alivianando las restricciones a la mano de obra extranjera en la producción agrícola y tantas otras medidas que son posibles de asumir cuando la gestión pública pone en el centro los problemas de las personas. Hoy día, no cabe duda, la inflación es uno de ellos, quizás el principal para la población más vulnerable del país.
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