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Política

Balance de seguridad 2022: decepcionante – El Financiero

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El 2022 no fue un año catastrófico en materia de seguridad. Como ha ocurrido a lo largo del sexenio, algunos indicadores han tenido un comportamiento positivo. En lo que va del año los homicidios dolosos han disminuido alrededor de 6 por ciento en comparación con 2021. La percepción de seguridad, que mejoró de forma considerable durante la pandemia, no ha tenido un rebote. En general, los mexicanos vivimos en un país ligeramente menos violento y menos peligroso que el que teníamos en 2018.
Sin embargo, la mejoría ha sido marginal, decepcionante incluso, ante la magnitud de la crisis de violencia e inseguridad a la que hace frente el país. Los ataques y enfrentamientos armados, esos que parecen retratar una guerra civil, siguen ocurriendo de forma más o menos cotidiana. Es sabido que las mafias gobiernan de facto decenas de municipios y que, ahí donde gobiernan, le cobran cuota a cientos de miles de personas y negocios. Este año el control criminal cedió ahí donde las autoridades tienen más recursos a su disposición –de forma notable en la capital–, pero, en contraste, se extendió a algunas de las zonas más pobres del país (en este sentido, Chiapas es tal vez el caso más preocupante).
Una noticia que marcó el año en el sector seguridad fue la filtración masiva de documentos de Sedena. Por el volumen de documentos filtrados (que todavía no se acaban de explorar) y el carácter sensible de los temas que cubrían (básicamente, inteligencia militar), los Guacamaya Leaks prometían ser una verdadera bomba cuando se dieron a conocer a fines de septiembre. El asunto, sin embargo, no pasó de una sacudida mediática. El gobierno ni siquiera buscó hacer una investigación en forma de la filtración, tal vez para no vulnerar más la credibilidad del Ejército. Al final del día, los documentos filtrados no revelaron nada que no imagináramos ya, sólo corroboraron lo que ya era evidente: que el crimen organizado corrompe e intimida a medio mundo, que los militares desconfían de los civiles y de sus propios compañeros de armas, y que casi nunca se hace nada con la inteligencia que el Ejército genera.
El 2022 también fue el año en el que la 4T fracasó en uno de sus mayores compromisos políticos: presentar un informe creíble de lo ocurrido en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En agosto, el subsecretario Alejandro Encinas presentó los resultados de una investigación que buscaba enterrar la verdad histórica de tiempos de Peña Nieto, y demostrar que la desaparición de los estudiantes, y el posterior encubrimiento de los hechos, fue un crimen de Estado, en el que participaron funcionarios de primer nivel, civiles y militares. Desafortunadamente, esta nueva verdad también terminó en una gran decepción. Las deficiencias del informe ocasionaron que varias de las órdenes de aprehensión que originalmente se emitieron fueran canceladas. Otro golpe a la legitimidad del gobierno fue la renuncia del fiscal especial que se había nombrado para el caso.
Este año, AMLO empeñó su capital político en afianzar, por medio de reformas constitucionales y legales, el papel protagónico que las Fuerzas Armadas desempeñan como garantes de la seguridad del país. Los militares han dado resultados positivos en algunos estados, y decepcionantes en algunos otros. Sin embargo, es claro que el carácter omnipresente del Ejército ha desincentivado, con algunas honrosas excepciones, la labor de construcción de capacidades locales en materia de seguridad pública.
Finalmente, lo verdaderamente decepcionante de la política de seguridad este año (el último en el que había margen para impulsar medidas ambiciosas) han sido las omisiones. Parece que al gobierno simplemente no le interesa arriesgar nada para dar una solución efectiva a los grandes problemas. Hace unos meses, cuando se habló de crear una Comisión Nacional Antiextorsión, pensé que esto cambiaría. Sin embargo, el tema se abandonó.
Durante el resto del sexenio todavía se podría hacer un par de cosas importantes, sobre todo en el ámbito regional, si el gobierno federal quisiera llegar a las elecciones de 2024 con algún resultado que presumir en materia de seguridad. Contener las actuales crisis de violencia criminal en Sonora y Zacatecas (ambos estados con gobiernos morenistas) o desarticular a La Nueva Familia Michoacana (que se perfila como la mafia regional más agresiva del país) serían objetivos viables. Sin embargo, me temo que los grandes problemas de seguridad con los que inició el sexenio, sobre todo la crisis de feminicidios, el cobro de piso generalizado y la cooptación criminal de autoridades locales, se heredarán intactos junto con la banda presidencial.
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
© Copyright, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV
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