La Sala Regional del propio TEPJF emitió la sentencia contra el mandatario y la jefa de Gobierno desde el pasado 4 de agosto, pero por considerarla equivocada fue impugnada sin éxito por dichos funcionarios.
No obstante, a propuesta de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior ratificó por unanimidad el fallo y además pidió a sus colegas de la Regional revisar si existió violencia política e institucional, falta de derecho de réplica y si hay medidas de satisfacción y de no repetición, ya que en su sentencia inicial no lo hizo.
De esta manera sostuvo las multas de 57 mil 732 pesos contra Morena y de 19 mil 244 pesos para Mario Delgado, presidente morenista; la senadora con licencia Citlalli Hernández; el secretario de Comunicación del partido, Diego Alberto Hernández Gutiérrez; y Pedro Hernández Jiménez, dirigente en Tabasco.
En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y debido a su “régimen excepcional”, sólo se emitió un llamado para hacerle saber que dada la importancia de su cargo debe de mantener la imparcialidad que le exigen sus funciones, es decir, sólo se le solicitó abstenerse de emitir declaraciones similares.
Para la jefa de Gobierno y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, la sentencia fue turnada al Congreso de la Unión para que sea el poder Legislativo el que determine las sanciones correspondientes.
La magistrada Janine Otálora desestimó los argumentos de los morenistas para echar atrás estas infracciones, pues desde su punto de vista las conductas del presidente de la República y la jefa de Gobierno, así como de los demás funcionarios, sí constituyeron en calumnia electoral, afectando parcialmente los resultados de las elecciones de mitad de año.
En su intervención recordó que en la democracia debe y es saludable que existan diferentes puntos de vistas, por lo que es indeseable que se genere una campaña de persecución contra quienes en uso de sus derechos disienten con el gobierno federal.
“Es grave pretender imputar la comisión de un delito sin un mínimo de veracidad a quienes no coinciden con los posicionamientos políticos, intentando con ello perseguir la diversidad de pensamiento y contraviniendo el ejercicio de la libertad política que requieren las y los legisladores para ejercer su función como representantes de la libertad popular. Aceptar que en el debate político y en la generación de las leyes se puede señalar a los opositores como traidores a la patria es inaceptable, porque el hecho de perseguir a la pluralidad política y presionar con la amenaza de la imputación de un delito significa atentar contra los principios esenciales de la democracia”, concluyó.