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500 militares y policías cuidaron los cajeros Chivo – revistafactum.com

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Documentos internos de la Policía y el Ministerio de la Defensa comprueban que el cuido de los 200 cajeros Chivo fue planificado como un punto fundamental en los planes de seguridad desde inicio de 2022, y ambas instituciones priorizaron personal para cuidarlos durante las 24 horas del día.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
Mientras la Policía y la Fuerza Armada ejecutaban miles de arrestos y se ocupaban de mostrar músculo en redes sociales, para comprobar cómo se garantizaba la seguridad de la ciudadanía al inicio del régimen de excepción, al menos 500 policías y militares fueron designados de forma permanente a cuidar los cajeros Chivo. Un plan, obtenido gracias la filtración de cientos de documentos policiales, demuestra cómo el gabinete de seguridad salvadoreño priorizó la vigilancia y cuido de los cajeros de criptomonedas Chivo, un proyecto millonario del Gobierno que puso en circulación como moneda de curso legal la criptomoneda bitcóin.
El 30 de diciembre de 2021, la subdirectora general de la Policía Nacional Civil (PNC), Zoila Corina Palma, envió a todos los subdirectores y jefes de delegaciones policiales el documento denominado “Plan de Seguridad Cajeros Automáticos de Moneda Virtual Bitcoin”, que a su vez respondía a un memorandum interno enviado un día antes por el director policial Mauricio Arriaza Chicas. La idea era informar a todas las unidades que debían garantizar el cuido permanente de los cajeros Chivo durante todo el año 2022.
El memorando de Arriaza comisionó a Palma para que enviara todo el plan a todas las dependencias policiales responsables de ponerlo en marcha, junto con el documento original.
Este plan consta entre los documentos filtrados por la organización de hackers Guacamaya, a los que Revista Factum accedió a través de la plataforma de DDoSecrets, un grupo de ciberactivistas. La información incluye correos electrónicos y documentos que Guacamaya extrajo de las policías y ministerios de la defensa de Chile, Colombia, México, Perú y El Salvador.
El documento realiza un análisis de antecedentes, objetivos, metas y riesgos de seguridad de la bitcoinización en el país, iniciada desde el 7 de septiembre de 2021. Luego plantea cuál sería la ruta a seguir para garantizar la seguridad de cada uno de los 200 cajeros, destinados a realizar transacciones de bitcóin y cambio de criptomonedas a dólares, e instalados por la empresa estadounidense Athena Bitcoin Global en todo el país.
Revista Factum reveló que el costo que la compañía Athena Bitcoin Global cobra al Gobierno salvadoreño por el mantenimiento de cada cajero al mes es de $1,412.50. La empresa estadounidense Athena instaló 200 cajeros en el país y 55 más en los Estados Unidos.
Desde el 7 de septiembre de 2021,  Athena es la encargada de la instalación y mantenimiento de los cajeros. El costo de mantener cada cajero vigilado, junto con la tarifa de su funcionamiento, podría rondar entre los $2,200 a $2,400 al mes. Estos cajeros están casi en desuso, según una encuesta de LPG Datos, que reveló que solo el 30% de la población consultada los había usado.
El cobro de $1,412.50 mensuales por el mantenimiento de cada cajero implica más de dos veces el salario de un policía, y más de tres veces el de un militar. Si se suman los costos salariales de dos policías ($425 aproximadamente cada uno), o un policía y dos militares (el salario de los soldados ronda entre los $270 y $315), resulta en que el gobierno salvadoreño erogó entre $2,200 y $2,400 para mantener cada cajero funcionando y vigilado.
En la actualidad no se observa presencia policial ni militar en los principales cajeros Chivos de San Salvador. Foto FACTUM/Natalia Alberto
El plan designó a la Subdirección General de la Policía la formación de un “Centro de Información y control operativo policial” exclusivo para los cajeros: “(Se) habilitará en el sistema Imperium opción con el nombre que haga referencia al presente plan, donde todas las dependencias involucradas vinculen toda novedad, incidencia y actividad policial relacionadas al plan denominado Plan de Seguridad Cajeros Automáticos de Moneda Virtual Bitcoin, debiendo elaborar presentación a la superioridad de consolidado de actividad policial ejecutada y resultados obtenidos”, explica literalmente el documento.
Imperium es el sistema de información interno que la corporación policial utiliza para registrar toda su operatividad.
El plan añade que los dispositivos de seguridad debían ser “24/7” (los 7 días de la semana) y que las respectivas delegaciones policiales debían hacer la coordinación con los administradores de centros comerciales – en los casos necesarios – para permitir la presencia permanente de policías en los cajeros.
El documento agrega que las delegaciones policiales debían coordinar con la brigada o unidad militar responsable de zona, para unir a miembros de la Fuerza Armada (FAES) a los trabajos de vigilancia y cuido de los cajeros Chivo.
La repartición de personal se planificó así: cada cajero sería vigilado de forma permanente por dos policías, o por un policía y dos militares. 
La ley Bitcoin, que legalizó el uso de la criptomoneda en El Salvador, fue aprobada de manera exprés en junio de 2021 por la Asamblea Legislativa con el voto de los diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Desde su aprobación, el Gobierno ha pagado más de $4.7 millones para echarla a andar, ya que, de acuerdo a un documento presentado por Athena a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés),  esa fue la cantidad recibida por dos contratos durante 2021 de parte del Ministerio de Hacienda.
Esto solo implica una parte de los gastos efectuados por el gobierno salvadoreño para el proyecto de la Ley Bitcoin. Aún es desconocido cuánto pagó el Estado al resto de empresas involucradas en el desarrollo de la aplicación Chivo Wallet y el ecosistema de criptomonedas en el país. 
“En caso de un hecho delictivo, como daños a los kioscos Chivo Spot y cajeros bitcóin u otro tipo de delito, la jefatura de delegación policial a través del Departamento de Investigación deberá priorizar las diligencias e individualizar a los responsables, en coordinación con la Fiscalía General de la República”, establece el plan de vigilancia.
La importancia dada al cuido de los cajeros llegó incluso a ordenar una coordinación de cada delegación con sus respectivos departamentos de inteligencia policial, para que “elaboren informes que permitan anticiparse a cualquier amenaza o acción generada por las estructuras terroristas de maras o pandillas o grupos de personas inconformes con la implementación del bitcóin para la toma de decisiones”.
Correos electrónicos del Ministerio de la Defensa de El Salvador, que forman parte de la filtración de Guacamaya, demuestran que tal y como lo plantea el plan diseñado por la Policía; hasta tres militares fueron designados para cuidar los cajeros.
Un correo electrónico enviado por la Tercera Brigada de Infantería para el Grupo de Tarea Barrios el 20 de abril de 2022, que contiene el formato de Resumen Diario de Novedades o RDN, detalla entre múltiples reportes de la operatividad de los militares asignados a esa brigada el cuido de los cajeros Chivo.
Según el documento, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde del 18 de abril de 2022, dos grupos de tres militares cada uno fueron enviados a cuidar los cajeros instalados en el Centro de Gobierno y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), ambos en la ciudad de San Miguel. Para la noche, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana del 19 de abril, un trío de soldados cubrió la vigilancia de los dos cajeros.
Otros correos electrónicos de la misma locación militar que contienen otros documentos similares, llamados Informe Diario de Situación (IDS), dan el mismo detalle: cómo 6 ó 9 soldados, divididos en dos grupos en distintos horarios, fueron enviados durante 24 horas continuas a cuidar los cajeros Chivo instalados en el Centro de Gobierno y el Injuve de la ciudad de San Miguel.
Esos despliegues de seguridad ocurrieron al mismo tiempo en el que la retórica gubernamental privilegiaba la ejecución del Régimen de Excepción, decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de este año, y que buscaba hacer frente a la violencia de las pandillas.
El gobierno salvadoreño no ha explicado públicamente hasta ahora sobre por qué ocurrió la ola de violencia entre el 25 y 27 de marzo, con 82 homicidios ejecutados en todo el país. Una investigación del periódico El Faro reveló que la matanza fue una respuesta de la pandilla MS-13 a la ruptura del pacto que mantenía con el gobierno y que garantizaba un índice bajo de muertes violentas.
Para noviembre, el régimen de excepción acumuló su octava prórroga, bajo múltiples cuestionamientos por arrestos arbitrarios y muertes de reos ocurridas bajo custodia del Estado. 
El uso de recurso humano para la implementación del sistema bitcóin es apenas una parte del gasto efectuado por el gobierno salvadoreño, para sostener un proyecto que algunas estadísticas han demostrado que la población rechaza. Para agosto de 2022 se hizo público que el uso de la billetera digital gubernamental Chivo Wallet era apenas de un 2% para el depósito de remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior. La mayor parte de información relacionada a este ecosistema ha sido declarada bajo reserva.
Un recorrido efectuado por diversos cajeros el miércoles 23 de noviembre evidencia que las máquinas ya no están custodiadas de forma permanente. En los documentos filtrados no queda claro cuándo se decidió dejar de cuidarlos. Revista Factum solicitó una entrevista al respecto al director de la Policía, y al encargado de prensa del Ministerio de la Defensa, pero no contestaron. 
Cajero Chivo instalado en el municipio de Ciudad Delgado, San Salvador. Foto FACTUM/Suchit Chávez
Factum visitó los cajeros instalados en los centros comerciales Las Cascadas, Multiplaza, Plaza Merliot, Metrocentro; así como los instalados en la Alcaldía de Mejicanos, frente a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, en una plaza de Ciudad Delgado, y el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla. Ninguno de los cajeros tenía vigilancia policial, o militar. 
 



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